Establece los valores mínimos a los efectos de la determinación del Impuesto sobre los Bienes Personales.
RESOLUCION 20/2014 SECRETARIA LEGAL Y TECNICA (BO 10/03/2014)
Aprueba los Reglamentos para la Administración de Dominios de Internet en Argentina, el Manual de Registro de Dominios de Internet y el Glosario de Términos.
Buenos Aires, 27 de febrero de 2014.
EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION RESUELVE:
ARTICULO 1. Apruébase el “REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DE DOMINIOS DE INTERNET EN ARGENTINA” que como ANEXO I forma parte de la presente resolución.
ARTICULO 2. Apruébase el “MANUAL DE REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET” que como ANEXO II forma parte de la presente resolución.
ARTICULO 3. Apruébase el “GLOSARIO DE TERMINOS” que como ANEXO III forma parte de la presente resolución.
ARTICULO 4. Facúltase a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET de la SUBSECRETARIA TECNICA de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION a dictar las normas aclaratorias y complementarias de la presente medida.
ARTICULO 5. La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 6. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
ANEXOS
Buenos Aires, 27 de febrero de 2014.
EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION RESUELVE:
ARTICULO 1. Apruébase el “REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DE DOMINIOS DE INTERNET EN ARGENTINA” que como ANEXO I forma parte de la presente resolución.
ARTICULO 2. Apruébase el “MANUAL DE REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET” que como ANEXO II forma parte de la presente resolución.
ARTICULO 3. Apruébase el “GLOSARIO DE TERMINOS” que como ANEXO III forma parte de la presente resolución.
ARTICULO 4. Facúltase a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO DE DOMINIOS DE INTERNET de la SUBSECRETARIA TECNICA de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION a dictar las normas aclaratorias y complementarias de la presente medida.
ARTICULO 5. La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 6. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
ANEXOS
RESOLUCION 19/2014 SECRETARIA LEGAL Y TECNICA (BO 10/03/2014)
Autoriza a implementar como Cuarta Sección del Boletín Oficial de la República Argentina el Registro de Dominios de Internet, de acceso libre y gratuito.
Buenos Aires, 24 de febrero de 2014.
EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO RESUELVE:
ARTICULO 1. Autorízase a la Dirección Nacional del Registro Oficial a la implementación de una nueva Sección del BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA que se denominará “Cuarta Sección. Registro de Dominios de Internet”, cuyo contenido estará compuesto por los avisos de registro de los dominios de internet que elabore la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet.
ARTICULO 2. El acceso a la edición diaria de la referida Cuarta Sección, a través del sitio www.boletinoficial.gob.ar, será libre y gratuito.
ARTICULO 3. Modifícanse los puntos 4.1.1. “Suscripción Anual” y 4.1.2. “Ejemplares” del Cuadro Tarifario que como Anexo I integra la Resolución SLyT 68/13, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
4.1.1. Suscripción anual
Ejemplar con las Secciones Primera, Segunda y Tercera del Boletín Oficial: PESOS TRES MIL CIENTO VEINTE ($ 3.120,00).
Ejemplar de la 1ra. Sección “Legislación y avisos oficiales”: PESOS OCHOCIENTOS CUATRO ($ 804,00).
Ejemplar de la 2da. Sección “Sociedades y edictos judiciales”: PESOS UN MIL CIENTO CUARENTA ($ 1.140,00).
Ejemplar de la 3ra. Sección “Contrataciones”: PESOS UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS ($ 1.176,00).
Ejemplar de la 4ta. Sección “Registro de Dominios de Internet”: PESOS UN MIL CIENTO CUARENTA ($ 1.140,00).
Nota: En caso de suscripciones por períodos diferentes a los tarifados, previa autorización de la Dirección Nacional del Registro Oficial, su valor será proporcional al tiempo requerido.
4.1.2. Ejemplares
Ejemplar con las Secciones Primera, Segunda y Tercera del Boletín Oficial: PESOS CATORCE ($ 14,00).
Ejemplar de la 1ra. Sección “Legislación y avisos oficiales”: PESOS CUATRO ($ 4,00).
Ejemplar de la 2da. Sección “Sociedades y edictos judiciales”: PESOS CINCO ($ 5,00).
Ejemplar de la 3ra. Sección “Contrataciones”: PESOS CINCO ($ 5,00).
Ejemplar de la 4ta. Sección “Registro de Dominios de Internet”: PESOS CINCO ($ 5,00).
ARTICULO 4. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Buenos Aires, 24 de febrero de 2014.
EL SECRETARIO LEGAL Y TECNICO RESUELVE:
ARTICULO 1. Autorízase a la Dirección Nacional del Registro Oficial a la implementación de una nueva Sección del BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA que se denominará “Cuarta Sección. Registro de Dominios de Internet”, cuyo contenido estará compuesto por los avisos de registro de los dominios de internet que elabore la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet.
ARTICULO 2. El acceso a la edición diaria de la referida Cuarta Sección, a través del sitio www.boletinoficial.gob.ar, será libre y gratuito.
ARTICULO 3. Modifícanse los puntos 4.1.1. “Suscripción Anual” y 4.1.2. “Ejemplares” del Cuadro Tarifario que como Anexo I integra la Resolución SLyT 68/13, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
4.1.1. Suscripción anual
Ejemplar con las Secciones Primera, Segunda y Tercera del Boletín Oficial: PESOS TRES MIL CIENTO VEINTE ($ 3.120,00).
Ejemplar de la 1ra. Sección “Legislación y avisos oficiales”: PESOS OCHOCIENTOS CUATRO ($ 804,00).
Ejemplar de la 2da. Sección “Sociedades y edictos judiciales”: PESOS UN MIL CIENTO CUARENTA ($ 1.140,00).
Ejemplar de la 3ra. Sección “Contrataciones”: PESOS UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS ($ 1.176,00).
Ejemplar de la 4ta. Sección “Registro de Dominios de Internet”: PESOS UN MIL CIENTO CUARENTA ($ 1.140,00).
Nota: En caso de suscripciones por períodos diferentes a los tarifados, previa autorización de la Dirección Nacional del Registro Oficial, su valor será proporcional al tiempo requerido.
4.1.2. Ejemplares
Ejemplar con las Secciones Primera, Segunda y Tercera del Boletín Oficial: PESOS CATORCE ($ 14,00).
Ejemplar de la 1ra. Sección “Legislación y avisos oficiales”: PESOS CUATRO ($ 4,00).
Ejemplar de la 2da. Sección “Sociedades y edictos judiciales”: PESOS CINCO ($ 5,00).
Ejemplar de la 3ra. Sección “Contrataciones”: PESOS CINCO ($ 5,00).
Ejemplar de la 4ta. Sección “Registro de Dominios de Internet”: PESOS CINCO ($ 5,00).
ARTICULO 4. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
RESOLUCION 35/2014 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS (BO 21/02/2014)
Establece la nueva composición del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y la metodología del cálculo del indicador diario.
Buenos Aires, 20 de febrero de 2014.
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS RESUELVE:
ARTICULO 1. Aclárase que a partir de la fecha de publicación de la presente en el Boletín Oficial, el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), previsto en el artículo 4 del Decreto 214 del 3 de febrero de 2002 y en el artículo 1 de la Ley 25713, se compondrá por la tasa de variación diaria obtenida de la evolución mensual del Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPC Nacional Urbano) publicado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, organismo desconcentrado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, tal como fija el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTICULO 2. El Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) será informado por las autoridades del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
ARTICULO 3. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
ANEXO
Metodología de cálculo del indicador diario:
A partir del día 7 de cada mes y el último día del mes, el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) se construirá en base a la tasa media geométrica calculada sobre la variación del Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNU) del mes anterior.
Para la construcción del CER para los días comprendidos entre el primero de cada mes y el 6 del mismo, se empleará la tasa media geométrica calculada sobre la variación del IPC entre el segundo y el tercer mes anterior al mes en curso.
Estas DOS (2) variantes de cálculo se describen a continuación:
A partir del día 7 de cada mes y el último día del mismo mes, el CER se actualizará de acuerdo con el factor diario (Ft) determinado como el siguiente:
Ft=((IPCNU)j-1/(IPCNU)j-2)1/k
El CER para los días comprendidos entre el primero de cada mes y el 6 del mismo se actualizará de acuerdo al factor diario (Ft) determinado como el siguiente:
Ft=((IPCNU)j-2/(IPCNU)j-3)1/k
donde:
F = Factor diario de actualización del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
k = número de días correspondiente al mes en curso.
j = mes en curso.
(IPCNU)j-1 = Valor del Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano en el mes precedente a aquél en que se determina el CER.
(IPCNU)j-2 = Valor del Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano DOS (2) meses antes a aquél en que se determina el CER.
(IPCNU)j-3 = Valor del Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano TRES (3) meses antes a aquél en que se determina el CER.
De esta forma, el CER se construirá mediante el siguiente cálculo:
CERT=Ft*CERt-1
Siendo que el CER en t-1 tendrá un valor de inicio de 1 correspondiente al día anterior al de entrada en vigencia del mismo.
Dada una tabla de CER diarios, cuando se procede a computar el ajuste entre DOS (2) fechas (entre s y s+r) el factor a aplicar surge del cociente entre el coeficiente del día de actualización (s+r) y el coeficiente del día de inicio (s).
Buenos Aires, 20 de febrero de 2014.
EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS RESUELVE:
ARTICULO 1. Aclárase que a partir de la fecha de publicación de la presente en el Boletín Oficial, el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), previsto en el artículo 4 del Decreto 214 del 3 de febrero de 2002 y en el artículo 1 de la Ley 25713, se compondrá por la tasa de variación diaria obtenida de la evolución mensual del Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPC Nacional Urbano) publicado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, organismo desconcentrado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, tal como fija el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTICULO 2. El Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) será informado por las autoridades del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
ARTICULO 3. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
ANEXO
Metodología de cálculo del indicador diario:
A partir del día 7 de cada mes y el último día del mes, el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) se construirá en base a la tasa media geométrica calculada sobre la variación del Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano (IPCNU) del mes anterior.
Para la construcción del CER para los días comprendidos entre el primero de cada mes y el 6 del mismo, se empleará la tasa media geométrica calculada sobre la variación del IPC entre el segundo y el tercer mes anterior al mes en curso.
Estas DOS (2) variantes de cálculo se describen a continuación:
A partir del día 7 de cada mes y el último día del mismo mes, el CER se actualizará de acuerdo con el factor diario (Ft) determinado como el siguiente:
Ft=((IPCNU)j-1/(IPCNU)j-2)1/k
El CER para los días comprendidos entre el primero de cada mes y el 6 del mismo se actualizará de acuerdo al factor diario (Ft) determinado como el siguiente:
Ft=((IPCNU)j-2/(IPCNU)j-3)1/k
donde:
F = Factor diario de actualización del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
k = número de días correspondiente al mes en curso.
j = mes en curso.
(IPCNU)j-1 = Valor del Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano en el mes precedente a aquél en que se determina el CER.
(IPCNU)j-2 = Valor del Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano DOS (2) meses antes a aquél en que se determina el CER.
(IPCNU)j-3 = Valor del Indice de Precios al Consumidor Nacional Urbano TRES (3) meses antes a aquél en que se determina el CER.
De esta forma, el CER se construirá mediante el siguiente cálculo:
CERT=Ft*CERt-1
Siendo que el CER en t-1 tendrá un valor de inicio de 1 correspondiente al día anterior al de entrada en vigencia del mismo.
Dada una tabla de CER diarios, cuando se procede a computar el ajuste entre DOS (2) fechas (entre s y s+r) el factor a aplicar surge del cociente entre el coeficiente del día de actualización (s+r) y el coeficiente del día de inicio (s).
AMPARO POR MORA. Infracciones de tránsito. Falta de citación al presunto infractor. Procedencia.
CCAdm Mar del Plata, 20/02/2014, R. S. G. c/ JUZGADO ADMINISTRATIVO DE INFRACCIONES PROVINCIAL s/ AMPARO.
VOTO DEL DOCTOR RICCITELLI [...] S.G.R. promovió la presente acción de amparo contra el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial con asiento en Dolores a cargo de la doctora Claudia Rossi. Persigue mediante la presente acción constitucional que se ordene a la mentada funcionaria a decretar la nulidad de la infracción de tránsito [...] ya que ella no posee sanción alguna y a que restituya la licencia de conducir del amparista, con la correspondiente conclusión de las actuaciones y su pertinente archivo, mediante resolución debidamente comunicada. Luego de efectuar un relato de las circunstancias en las cuales se le labrara el acta de infracción y el supuesto diálogo mantenido con los agentes policiales que participaron del evento -a quienes le ha iniciado una denuncia por tentativa de extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos-, pone en conocimiento que se presentó espontáneamente ante el Juzgado Administrativo demandado, en el cual únicamente le dejan entregar una copia de la denuncia penal [...], no le devuelvan la licencia de conducir ni le permiten formular descargo correspondiente por cuanto -según le informan- la citación para audiencia de descargo se realiza por sistema. Rememora que [...] antes de vencer el plazo que otorga el artículo 38 de la ley de tránsito para circular con la infracción, se presenta con un escrito [...] ante el Juzgado demandado con el fin de solicitar una audiencia para realizar el pertinente descargo, ante el cual se le informa que oportunamente se lo iba a notificar por sistema para que practique su defensa. [...] se le envía una carta documento al referido Juzgado Administrativo intimándolo para que en plazo de 48 horas se le tenga por presentado el descargo que en esa misma misiva efectúa -ya que se han vencido todos los plazos previstos por la ley para su citación-, se anule el acta de infracción y se le entregue la licencia de conductor [...]. Afirmando que hasta el momento de articular esta acción [...] el Juzgado Administrativo demandado no había dado una respuesta, dejándolo en total indefensión, justifica la vía del amparo argumentando: (i) que media omisión de la autoridad pública de citarlo para ejercer su derecho de defensa en tiempo y forma según lo exige la ley de tránsito aplicable; (ii) que esa omisión es ilegítima por cuanto es una velada coacción para que el ciudadano pague la multa antes de que se resuelva el procedimiento previsto en la ley; (iii) que en el contexto denunciado no existe otra acción judicial idónea para que se pueda lograr sortear la omisión del Juzgado Administrativo demandado; y (iv) necesitando la licencia de conducir para poder desarrollar su trabajo, la urgencia justifica el presente proceso. [...] el juez interviniente rechaza in limine la acción. Luego de transcribir el artículo 20 de la Constitución provincial y parcialmente el artículo 2 de la Ley 13928, concluye que el objeto del presente proceso debe canalizarse "por la vía administrativa correspondiente que es la prevista en los artículos 32 y siguientes Ley 13927 que prevé incluso los eventuales recursos que pudieran oponerse contra la resolución del juzgado administrativo de infracciones de tránsito [artículo 40 Ley 13927]". Con todo, juzga que "existiendo vía administrativa por la cual el actor puede canalizar su pretensión, el amparo debe ser rechazado". [...] El actor apela esbozando los siguientes agravios contra el pronunciamiento de grado, a saber: (i) media una interpretación errónea del juzgador en cuanto al alcance que le da al artículo 32 de la Ley 13927, por cuanto ese precepto refiere cuál es el órgano administrativo que debe resolver acerca de una infracción de tránsito, mas en el caso es ese mismo órgano el que ha sido demandado por cuanto "no ha dictado resolución dentro del plazo que estipula la ley citada artículo 38, ni fue citado el presunto infractor para ejercer su derecho de defensa". Recuerda que han pasado más de 130 días desde la retención de la licencia de conducir y que hasta la fecha de su apelación aún no ha sido citado a practicar su descargo por el órgano administrativo al que remite el juez de grado como canalizador del procedimiento que estima ídoneo; (ii) que tampoco cuenta con el remedio judicial previsto en el artículo 40 de la Ley 13927 por cuanto tales pretensiones importan el dictado de un acto por parte del Juzgado Administrativo accionado, circunstancia que no ha acontecido en la especie, lo que justifica recurrir al amparo frente a la inexistencia de otra acción judicial habilitada; (iii) y, por último, el presente proceso es la vía idónea porque está sufriendo la retención de su licencia de conducir por una conducta que -aunque afirma no la cometió- para la ley nacional de tránsito no justifica la mentada retención. [...] a la hora de interponer la acción y por fuera del meticuloso detalle de los sucesos que la llevaran a demandar, el accionante justificó la procedencia de la presente acción por no contar, frente a la omisión del Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial con asiento en Dolores, con otros medios judiciales idóneos para articular lo que constituye el objeto de su pretensión: esto es, obtener de la dependencia administrativa demandada la actuación pertinente en el marco del procedimiento reglado por la ley de tránsito provincial. Y es esa escueta argumentación la que no puede pasarse por alto a la hora de examinar la presencia o no del recaudo de admisibilidad previsto tanto en el artículo 20 de la Constitución provincial como en el artículo 2 de la Ley 13928 texto ordenado Ley 14192. [...] Desde los inicios de la labor de esta Alzada [...] se ha recordado que la exclusión del amparo por la existencia de otros recursos judiciales no puede fundarse ni en una apreciación meramente ritual e insuficiente, ni en una mera ordenación o resguardo de competencias [...]. Por ello, sin olvidar que es carga procesal ineludible del accionante precisar en su escrito postulatorio y luego probar la inexistencia de otras vías judiciales idóneas para atender y remediar el derecho constitucional que se dice conculcado [...], también es cierto que los jueces, al practicar el examen de admisibilidad de la acción de amparo deben evaluar con precisión las circunstancias y peculiaridades fácticas y argumentativas que se les presentan en la causa para, con ellas en mira, descartar un rechazo in limine de la acción constitucional si el tránsito por otras vías procesales ordinarias luce dudoso, opinable, ritualmente inviable o -en suma- frustratorio de la tutela judicial continua y efectiva consagrada por el artículo 15 de la Carta Magna local [...]. [...] las particularidades de la pretensión que porta el presente amparo me impulsan a disminuir la exigencia de cumplimiento de la carga procesal que pesaba sobre el amparista y a examinar la admisibilidad del amparo desde la segunda perspectiva, considerando especialmente la dificultad de hallar vías judiciales alternativas que, sin matices, desplacen al remedio constitucional intentado. [...] No debe perderse de vista -lo que fue descuidado por el juez de grado- que estamos frente a un remedio constitucional articulado con sustento en la denuncia de omisión de actuación de una dependencia del Estado provincial que se encuentra compelida a ejercer sus cometidos de conformidad con el procedimiento reglado por la Ley 13927 y su Decreto reglamentario 532/09, por lo que mal cabría fijar como remedio idóneo alguno de los recursos previstos en el artículo 40 del mentado ordenamiento que supone -a no dudarlo- de una efectiva resolución del Juez administrativo ausente en el caso. A partir de allí y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas relatadas por el amparista, es claro que nos encontramos ante un procedimiento administrativo por infracción de tránsito abierto aunque no impulsado por la dependencia obligada a ello ni, menos aún, resuelto. Para más, aunque de Perogrullo, el organismo accionado es una dependencia administrativa, ya que "en lo referente a su estructura orgánica funcional, régimen de personal, y administración contable, se regirá [] por las normas que rigen para la Administración Pública Provincial" [artículo 22 in fine, Anexo II, Título IV del Decreto 532/09], por fuera del nomen iuris al que recurre la ley para identificarla ["Juzgado Administrativo"]. Y si bien lo anterior no ofrece dudas, ni la Ley 13927 ni su decreto reglamentario determinan con precisión el régimen normativo aplicable para supuestos de parálisis, retardo y/o nula actuación de estas particulares dependencias provinciales, más cuando otros aspectos controvertidos de la regulación del tránsito provincial deja entrampados a los ciudadanos ante procedimientos de faltas inconclusos [...]. Cierto es que el artículo 49 de la Ley 13927 -texto ordenado Ley 14393- reza que "el presente régimen se complementará con las disposiciones del Código Fiscal -Ley 10397 (Texto Actualizado); modificatorias y complementarias". Empero, la escueta redacción del precepto no permite, a simple vista, afirmar si la supletoriedad allí prevista se contempla exclusivamente para reforzar aquello reglado en los artículos 35 inciso b), 35 bis y 40 -segundo párrafo- de la Ley 13927 -texto ordenado Ley 14393- o si traspasa esos módicos contornos. Y aunque uno pudiera inclinarse por el segundo supuesto, mal podría convalidarse que por conducto de la supletoriedad allí reglada resulte aplicable la supletoriedad estatuida por el artículo 4 del Código Fiscal -texto ordenado Resolución ME 39/11-. Tal deficiente técnica legislativa conlleva un galimatías para el justiciable quien, frente a situaciones como las denunciadas en el presente amparo, debe verificar si su caso encuentra remedio primero, en el Código Fiscal y luego frente a una respuesta negativa, examinar tanto la Ley de Procedimientos Administrativos, el Código Procesal en lo Contencioso Administrativo, el Código Procesal en lo Civil y Comercial y el rito penal para determinar cuál podría ser la vía judicial idónea para sortear el estado de indefensión al que queda sometido el presunto infractor frente a la desidia competencial de los Juzgados Administrativos de Infracciones de Tránsito Provinciales. Frente a semejante panorama de indefinición, cualquier valoración que practique el justiciable en torno a la idoneidad o inidoneidad del amparo para este universo de casos o respecto del viable o inviable tránsito por otras vías procesales ordinarias, estará signada casi siempre por lo dudoso u opinable. Y esa sola circunstancia torna altamente aconsejable, en pos de resguardar la tutela judicial continua y efectiva consagrada por el artículo 15 de la Carta Magna local y de evitar incurrir en ritualismo censurable, validar la acción de amparo como idónea para conjurar potenciales omisiones ilegítimas y/o arbitrarias en el trámite que -según la Ley 13927 y su Decreto reglamentario- deben llevar a cabo los Juzgados Administrativos de Infracciones de Tránsito Provinciales [...]. CITAS JURISPRUDENCIALES DEL FALLO
LEY PROVINCIAL 14583 (BO 13/02/2014)
Establece un régimen de regulación y fiscalización de equipos médicos en uso, en relación con su aptitud técnica en términos de seguridad y eficacia en las instituciones de salud pública y privada.
REGULACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO EN USO
CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer un régimen de regulación y fiscalización de Equipos Médicos en Uso, en relación con su aptitud técnica en términos de seguridad y eficacia en las instituciones de salud pública y privada en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Toda referencia posterior a este régimen se hará bajo la denominación simplificada VATEM (Verificación de Aptitud Técnica de Equipamiento Médico).
CAPITULO II - DE LA AUTORIDAD DE APLICACION
ARTICULO 2. Determinación. El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
ARTICULO 3. Objetivos y Funciones. Son objetivos y funciones de la Autoridad de Aplicación:
a) Determinar el universo de Equipos Médicos en uso que serán alcanzados por el régimen previsto en el presente, basado en los principios de razonabilidad y sustentabilidad, considerando las previsiones de la normativa nacional e internacional vigente en la materia.
b) Fiscalizar el cumplimiento de esta Ley y su reglamentación.
c) Crear y mantener actualizado el Registro Provincial de los "Equipos Médicos en Uso".
d) Establecer la forma y los plazos en que las instituciones de salud deberán verificar la aptitud técnica en términos de seguridad y eficacia de los "Equipos Médicos en Uso” determinados.
CAPITULO III - DE LOS EQUIPOS MEDICOS
ARTICULO 4. Definición. Se adopta, a los efectos de esta norma, la definición de "Equipo Médico" realizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, Disposición ANMAT 2318/2002 texto ordenado según Disposición 1285/2004 o de la norma que la sustituya en el futuro.
ARTICULO 5. Tipos de Equipos Médicos. Categorización. Los Equipos Médicos, se encuadran según el riesgo intrínseco que representan para la salud del consumidor, paciente, operador o terceros involucrados. Para el encuadramiento del equipo médico, deben ser aplicadas las normas de categorización establecidas por la Autoridad de Aplicación.
ARTICULO 6. Los Equipos Médicos en uso, establecidos por la Autoridad de Aplicación, deberán ser objeto de verificación técnica, ensayo o calibración según la norma o estándar aplicable y/o indicación del fabricante, según corresponda, conforme la periodicidad que al efecto fije la Autoridad de Aplicación.
ARTICULO 7. La verificación técnica, ensayo o calibración deberá ser realizada por laboratorios acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), pertenecientes a Universidades Nacionales radicadas en la Provincia de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y otros agentes autorizados por la Autoridad de Aplicación, quedando obligados a cumplir con las normas establecidas en la materia para el territorio de la Provincia de Buenos Aires.
ARTICULO 8. Certificación. La Autoridad de Aplicación deberá extender un Certificado de Verificación de Equipo Médico en Uso para los casos en que el/los parámetros obtenidos en la verificación técnica, ensayo o calibración se ajusten a la norma/estándar correspondiente. A su vez, debe determinar el plazo de vigencia de este documento el cual deberá ser renovado por períodos iguales.
ARTICULO 9. El Certificado de Verificación de Equipo Médico en Uso podrá ser dejado sin efecto en cualquier momento si se comprobare que los mismos han dejado de cumplir total o parcialmente con los extremos exigidos por la presente Ley.
Los establecimientos en los que ocurriera la baja de un Equipo Médico indispensable para la especialidad, y no contara con otro para seguir prestando el servicio, deberá interrumpir la internación de pacientes de esa especialidad.
ARTICULO 10. La Autoridad de Aplicación registrará y archivará los informes en los que consta el protocolo técnico de verificación bajo norma/estándar, el resultado del informe, la fecha de emisión, la normativa aplicada, las observaciones y el responsable.
ARTICULO 11. Inspecciones. La Autoridad de Aplicación deberá realizar en forma regular y sistemática, las inspecciones de verificación del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.
ARTICULO 12. Sanciones. Más allá de la responsabilidad penal o civil que pudiere corresponder, la Autoridad de Aplicación reglamentará las infracciones a lo dispuesto por la presente Ley. Sin perjuicio de ello, las irregularidades relevadas durante las inspecciones que se realicen, darán lugar a la aplicación de las siguientes sanciones: advertencia, suspensión o cancelación de la habilitación respectiva.
CAPITULO IV - DEL REGISTRO
ARTICULO 13. Créase el Registro Provincial de Equipos Médicos en Uso y de Prestadores.
ARTICULO 14. Las instituciones de salud deberán presentar anualmente una Declaración Jurada a la Región Sanitaria correspondiente, que incluya la nómina de aquellos Equipos Médicos en Uso en cada establecimiento.
ARTICULO 15. Todos los Equipos Médicos en Uso deberán ajustarse a las disposiciones de esta Ley en el término de doce (12) meses, contados desde la promulgación de la presente, en las formas y condiciones que fije la Autoridad de Aplicación.
ARTICULO 16. La Autoridad de Aplicación deberá reglamentar la presente en un término no mayor de noventa (90) días.
ARTICULO 17. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
REGULACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO EN USO
CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer un régimen de regulación y fiscalización de Equipos Médicos en Uso, en relación con su aptitud técnica en términos de seguridad y eficacia en las instituciones de salud pública y privada en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Toda referencia posterior a este régimen se hará bajo la denominación simplificada VATEM (Verificación de Aptitud Técnica de Equipamiento Médico).
CAPITULO II - DE LA AUTORIDAD DE APLICACION
ARTICULO 2. Determinación. El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
ARTICULO 3. Objetivos y Funciones. Son objetivos y funciones de la Autoridad de Aplicación:
a) Determinar el universo de Equipos Médicos en uso que serán alcanzados por el régimen previsto en el presente, basado en los principios de razonabilidad y sustentabilidad, considerando las previsiones de la normativa nacional e internacional vigente en la materia.
b) Fiscalizar el cumplimiento de esta Ley y su reglamentación.
c) Crear y mantener actualizado el Registro Provincial de los "Equipos Médicos en Uso".
d) Establecer la forma y los plazos en que las instituciones de salud deberán verificar la aptitud técnica en términos de seguridad y eficacia de los "Equipos Médicos en Uso” determinados.
CAPITULO III - DE LOS EQUIPOS MEDICOS
ARTICULO 4. Definición. Se adopta, a los efectos de esta norma, la definición de "Equipo Médico" realizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, Disposición ANMAT 2318/2002 texto ordenado según Disposición 1285/2004 o de la norma que la sustituya en el futuro.
ARTICULO 5. Tipos de Equipos Médicos. Categorización. Los Equipos Médicos, se encuadran según el riesgo intrínseco que representan para la salud del consumidor, paciente, operador o terceros involucrados. Para el encuadramiento del equipo médico, deben ser aplicadas las normas de categorización establecidas por la Autoridad de Aplicación.
ARTICULO 6. Los Equipos Médicos en uso, establecidos por la Autoridad de Aplicación, deberán ser objeto de verificación técnica, ensayo o calibración según la norma o estándar aplicable y/o indicación del fabricante, según corresponda, conforme la periodicidad que al efecto fije la Autoridad de Aplicación.
ARTICULO 7. La verificación técnica, ensayo o calibración deberá ser realizada por laboratorios acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), pertenecientes a Universidades Nacionales radicadas en la Provincia de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y otros agentes autorizados por la Autoridad de Aplicación, quedando obligados a cumplir con las normas establecidas en la materia para el territorio de la Provincia de Buenos Aires.
ARTICULO 8. Certificación. La Autoridad de Aplicación deberá extender un Certificado de Verificación de Equipo Médico en Uso para los casos en que el/los parámetros obtenidos en la verificación técnica, ensayo o calibración se ajusten a la norma/estándar correspondiente. A su vez, debe determinar el plazo de vigencia de este documento el cual deberá ser renovado por períodos iguales.
ARTICULO 9. El Certificado de Verificación de Equipo Médico en Uso podrá ser dejado sin efecto en cualquier momento si se comprobare que los mismos han dejado de cumplir total o parcialmente con los extremos exigidos por la presente Ley.
Los establecimientos en los que ocurriera la baja de un Equipo Médico indispensable para la especialidad, y no contara con otro para seguir prestando el servicio, deberá interrumpir la internación de pacientes de esa especialidad.
ARTICULO 10. La Autoridad de Aplicación registrará y archivará los informes en los que consta el protocolo técnico de verificación bajo norma/estándar, el resultado del informe, la fecha de emisión, la normativa aplicada, las observaciones y el responsable.
ARTICULO 11. Inspecciones. La Autoridad de Aplicación deberá realizar en forma regular y sistemática, las inspecciones de verificación del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.
ARTICULO 12. Sanciones. Más allá de la responsabilidad penal o civil que pudiere corresponder, la Autoridad de Aplicación reglamentará las infracciones a lo dispuesto por la presente Ley. Sin perjuicio de ello, las irregularidades relevadas durante las inspecciones que se realicen, darán lugar a la aplicación de las siguientes sanciones: advertencia, suspensión o cancelación de la habilitación respectiva.
CAPITULO IV - DEL REGISTRO
ARTICULO 13. Créase el Registro Provincial de Equipos Médicos en Uso y de Prestadores.
ARTICULO 14. Las instituciones de salud deberán presentar anualmente una Declaración Jurada a la Región Sanitaria correspondiente, que incluya la nómina de aquellos Equipos Médicos en Uso en cada establecimiento.
ARTICULO 15. Todos los Equipos Médicos en Uso deberán ajustarse a las disposiciones de esta Ley en el término de doce (12) meses, contados desde la promulgación de la presente, en las formas y condiciones que fije la Autoridad de Aplicación.
ARTICULO 16. La Autoridad de Aplicación deberá reglamentar la presente en un término no mayor de noventa (90) días.
ARTICULO 17. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY PROVINCIAL 14583 (BO 13/02/2014)
Establece un régimen de regulación y fiscalización de equipos médicos en uso, en relación con su aptitud técnica en términos de seguridad y eficacia en las instituciones de salud pública y privada.
LEY PROVINCIAL 14568 (BO 06/02/2014)
Crea la figura del ABOGADO DEL NIÑO, quien deberá representar legalmente los intereses personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes ante cualquier proceso civil, familiar o administrativo que los afecte.
ARTICULO 1. Cumpliendo lo establecido por el artículo 12, incisos 1) y 2) de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica y del artículo 27 de la Ley 26.061, créase en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la figura del Abogado del Niño, quien deberá representar los intereses personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes legalmente ante cualquier procedimiento civil, familiar o administrativo que los afecte, en el que intervendrá en carácter de parte, sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Asesor de Incapaces.
En los procedimientos indicados en el párrafo precedente, será obligatorio informar al niño, niña y adolescente de su derecho a ser legalmente representado por un Abogado del Niño.
ARTICULO 2. Créase un Registro Provincial de Abogados del Niño en el ámbito del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, donde podrán inscribirse todos aquellos profesionales con matrícula para actuar en territorio provincial que demuestren acabadamente su especialización en derechos del niño, certificado por Unidades Académicas reconocidas y debidamente acreditadas, ya sean estos profesionales del ámbito público como privado, y/o integren distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajen la problemática de la infancia y adolescencia.
La asistencia jurídica y defensa técnica será provista a partir de criterios interdisciplinarios de intervención, fundados en el derecho de los niños y niñas a ser oídos y en el principio del interés superior del niño.
ARTICULO 3. El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires deberá interactuar con cada Departamento Judicial, para emitir los datos necesarios de acuerdo al domicilio de influencia del Abogado del Niño.
ARTICULO 4. La nómina de los Abogados del Niño inscriptos en el Registro, deberá ser difundida a fin de garantizar su accesibilidad, a través de todos los recursos informativos con que cuenta tanto la Suprema Corte de Justicia, los distintos Departamentos Judiciales, así como con los Servicios Zonales y Locales, dependientes del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, del Poder Ejecutivo provincial.
ARTICULO 5. El Estado Provincial se hará cargo del pago de las acciones derivadas de la actuación de los abogados patrocinantes de los niños -Abogados del Niño-.
ARTICULO 6. Autorizar al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, a realizar las adecuaciones presupuestarias y la asignación de los recursos necesarios para la implementación de la presente Ley.
ARTICULO 7. La presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de noventa (90) días a partir de su promulgación.
ARTICULO 8. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ARTICULO 1. Cumpliendo lo establecido por el artículo 12, incisos 1) y 2) de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica y del artículo 27 de la Ley 26.061, créase en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la figura del Abogado del Niño, quien deberá representar los intereses personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes legalmente ante cualquier procedimiento civil, familiar o administrativo que los afecte, en el que intervendrá en carácter de parte, sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Asesor de Incapaces.
En los procedimientos indicados en el párrafo precedente, será obligatorio informar al niño, niña y adolescente de su derecho a ser legalmente representado por un Abogado del Niño.
ARTICULO 2. Créase un Registro Provincial de Abogados del Niño en el ámbito del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, donde podrán inscribirse todos aquellos profesionales con matrícula para actuar en territorio provincial que demuestren acabadamente su especialización en derechos del niño, certificado por Unidades Académicas reconocidas y debidamente acreditadas, ya sean estos profesionales del ámbito público como privado, y/o integren distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajen la problemática de la infancia y adolescencia.
La asistencia jurídica y defensa técnica será provista a partir de criterios interdisciplinarios de intervención, fundados en el derecho de los niños y niñas a ser oídos y en el principio del interés superior del niño.
ARTICULO 3. El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires deberá interactuar con cada Departamento Judicial, para emitir los datos necesarios de acuerdo al domicilio de influencia del Abogado del Niño.
ARTICULO 4. La nómina de los Abogados del Niño inscriptos en el Registro, deberá ser difundida a fin de garantizar su accesibilidad, a través de todos los recursos informativos con que cuenta tanto la Suprema Corte de Justicia, los distintos Departamentos Judiciales, así como con los Servicios Zonales y Locales, dependientes del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, del Poder Ejecutivo provincial.
ARTICULO 5. El Estado Provincial se hará cargo del pago de las acciones derivadas de la actuación de los abogados patrocinantes de los niños -Abogados del Niño-.
ARTICULO 6. Autorizar al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, a realizar las adecuaciones presupuestarias y la asignación de los recursos necesarios para la implementación de la presente Ley.
ARTICULO 7. La presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo máximo de noventa (90) días a partir de su promulgación.
ARTICULO 8. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY PROVINCIAL 14.564 (BO 06/02/2014)
Establece la obligatoriedad de otorgar prioridad de atención a mujeres embarazadas, a personas con necesidades especiales o movilidad reducida y a personas mayores de setenta años en establecimientos públicos y privados.
ARTICULO 1. Establecer la obligatoriedad de otorgar prioridad de atención a mujeres embarazadas, a personas con necesidades especiales o movilidad reducida y a personas mayores de setenta (70) años en: A) Todo establecimiento público dependiente de la Provincia de Buenos Aires. B) Todo establecimiento privado que brinde atención al público a través de cualquier forma y/o modalidad.
ARTICULO 2. Se entiende por prioridad de atención la prestada en forma inmediata evitando demoras en el trámite mediante la espera del turno.
ARTICULO 3. En los establecimientos a que hace referencia el Artículo 1º se deberá exhibir con carácter obligatorio y a la vista del público carteles con el texto completo de la presente Ley.
ARTICULO 4. El establecimiento privado que incumpla las obligaciones establecidas en la presente Ley, ya sea negando atención prioritaria o no exhibiendo el cartel, será pasible de una multa que oscilará entre un mínimo de un sueldo básico de la Ley 10430 y un máximo de cinco.
ARTICULO 5. El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley respecto de los establecimientos privados, cuya sanción se indica en el artículo que antecede, será considerado una contravención, y sancionado de conformidad con el procedimiento establecido en el Código de Faltas Municipales de la Provincia de Buenos Aires (Decreto Ley 8.751/77).
ARTICULO 6. El personal de las dependencias del Gobierno que deniegue la atención prioritaria respecto de las personas mencionadas en el artículo 1 de la presente Ley, será pasible de recibir la sanción prevista en el artículo 82 inciso e) de la Ley 10.430, de conformidad con el procedimiento reglado en esa misma norma.
ARTICULO 7. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ARTICULO 1. Establecer la obligatoriedad de otorgar prioridad de atención a mujeres embarazadas, a personas con necesidades especiales o movilidad reducida y a personas mayores de setenta (70) años en: A) Todo establecimiento público dependiente de la Provincia de Buenos Aires. B) Todo establecimiento privado que brinde atención al público a través de cualquier forma y/o modalidad.
ARTICULO 2. Se entiende por prioridad de atención la prestada en forma inmediata evitando demoras en el trámite mediante la espera del turno.
ARTICULO 3. En los establecimientos a que hace referencia el Artículo 1º se deberá exhibir con carácter obligatorio y a la vista del público carteles con el texto completo de la presente Ley.
ARTICULO 4. El establecimiento privado que incumpla las obligaciones establecidas en la presente Ley, ya sea negando atención prioritaria o no exhibiendo el cartel, será pasible de una multa que oscilará entre un mínimo de un sueldo básico de la Ley 10430 y un máximo de cinco.
ARTICULO 5. El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley respecto de los establecimientos privados, cuya sanción se indica en el artículo que antecede, será considerado una contravención, y sancionado de conformidad con el procedimiento establecido en el Código de Faltas Municipales de la Provincia de Buenos Aires (Decreto Ley 8.751/77).
ARTICULO 6. El personal de las dependencias del Gobierno que deniegue la atención prioritaria respecto de las personas mencionadas en el artículo 1 de la presente Ley, será pasible de recibir la sanción prevista en el artículo 82 inciso e) de la Ley 10.430, de conformidad con el procedimiento reglado en esa misma norma.
ARTICULO 7. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY PROVINCIAL 14.560 (BO 06/02/2014)
Establece un tratamiento tarifario especial denominado TARIFA ELECTRICA DE INTERES SOCIAL para los usuarios del servicio eléctrico de la Provincia de Buenos Aires denominados como ELECTRODEPENDIENTES POR CUESTIONES DE SALUD.
ARTICULO 1. Los usuarios del servicio eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, denominados y categorizados como “ELECTRODEPENDIENTES POR CUESTIONES DE SALUD”, según la normativa vigente para tal determinación, gozarán de un tratamiento tarifario especial denominado “Tarifa Eléctrica de Interés Social”, de acuerdo a la normativa y contratos de concesión vigentes.
ARTICULO 2. Denomínase “ELECTRODEPENDIENTES POR CUESTIONES DE SALUD” a aquellos usuarios que presenten consumos extraordinarios de energía eléctrica al requerir equipamiento y/o infraestructura especial por una enfermedad diagnosticada por un médico o que tengan la necesidad de contar con un servicio eléctrico estable y permanente para satisfacer necesidades médicas dentro de su hogar. La calidad de “electrodependiente” deberá ser otorgada teniendo en cuenta lo establecido por ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA, dependiente del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA en su Resolución 151/11.
ARTICULO 3. Exceptúanse del pago de regímenes de ahorro e incentivo o de cualquier otro gravamen provincial ajeno al consumo directo de energía dispuesto por la empresa prestataria.
ARTICULO 4. Quedan eximidos también del pago de los derechos de conexión.
ARTICULO 5. Toda eventual interrupción por falta de pago de un suministro de energía eléctrica susceptible de poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas, deberá ser notificada fehacientemente al usuario por la Empresa Distribuidora de Energía con una antelación mínima de sesenta (60) días, con copia al Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires. La Empresa no podrá interrumpir el servicio sin la autorización expresa del Organismo de Control de la Energía Eléctrica.
ARTICULO 6. En virtud de hacer operativo el artículo anterior, los medidores de los usuarios categorizados como “electrodependientes”, deberán ser identificados de manera tal, que se diferencien del usuario regular.
ARTICULO 7. En caso de mora, no podrán aplicarse los intereses previstos en el reglamento de suministro y conexión de los contratos de concesión de distribución de energía eléctrica.
ARTICULO 8. Previendo la posibilidad de que, por causas de fuerza mayor, el servicio eléctrico se viera interrumpido, la empresa deberá otorgarle a cada usuario, al momento de ser categorizado como "electrodependiente", un grupo electrógeno sin cargo, capaz de brindar la energía eléctrica necesaria para satisfacer las necesidades del usuario, en virtud de los registros promedios que registre.
ARTICULO 9. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ARTICULO 1. Los usuarios del servicio eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, denominados y categorizados como “ELECTRODEPENDIENTES POR CUESTIONES DE SALUD”, según la normativa vigente para tal determinación, gozarán de un tratamiento tarifario especial denominado “Tarifa Eléctrica de Interés Social”, de acuerdo a la normativa y contratos de concesión vigentes.
ARTICULO 2. Denomínase “ELECTRODEPENDIENTES POR CUESTIONES DE SALUD” a aquellos usuarios que presenten consumos extraordinarios de energía eléctrica al requerir equipamiento y/o infraestructura especial por una enfermedad diagnosticada por un médico o que tengan la necesidad de contar con un servicio eléctrico estable y permanente para satisfacer necesidades médicas dentro de su hogar. La calidad de “electrodependiente” deberá ser otorgada teniendo en cuenta lo establecido por ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGIA ELECTRICA, dependiente del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA en su Resolución 151/11.
ARTICULO 3. Exceptúanse del pago de regímenes de ahorro e incentivo o de cualquier otro gravamen provincial ajeno al consumo directo de energía dispuesto por la empresa prestataria.
ARTICULO 4. Quedan eximidos también del pago de los derechos de conexión.
ARTICULO 5. Toda eventual interrupción por falta de pago de un suministro de energía eléctrica susceptible de poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas, deberá ser notificada fehacientemente al usuario por la Empresa Distribuidora de Energía con una antelación mínima de sesenta (60) días, con copia al Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires. La Empresa no podrá interrumpir el servicio sin la autorización expresa del Organismo de Control de la Energía Eléctrica.
ARTICULO 6. En virtud de hacer operativo el artículo anterior, los medidores de los usuarios categorizados como “electrodependientes”, deberán ser identificados de manera tal, que se diferencien del usuario regular.
ARTICULO 7. En caso de mora, no podrán aplicarse los intereses previstos en el reglamento de suministro y conexión de los contratos de concesión de distribución de energía eléctrica.
ARTICULO 8. Previendo la posibilidad de que, por causas de fuerza mayor, el servicio eléctrico se viera interrumpido, la empresa deberá otorgarle a cada usuario, al momento de ser categorizado como "electrodependiente", un grupo electrógeno sin cargo, capaz de brindar la energía eléctrica necesaria para satisfacer las necesidades del usuario, en virtud de los registros promedios que registre.
ARTICULO 9. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY PROVINCIAL 14.557 (BO 06/02/2014)
Crea un JUZGADO DE GARANTIAS con asiento en la localidad de Villa Gesell (Departamento Judicial de Dolores) y competencia en los Partidos de Villa Gesell y Pinamar. Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.
ARTICULO 1. Créase un (1) Juzgado de Garantías en el Departamento Judicial Dolores, con asiento en la Ciudad de Villa Gesell, y con competencia en los partidos de Villa Gesell y Pinamar.
ARTICULO 2. Sustitúyese en el artículo 8 de la Ley 5.827, Orgánica del Poder Judicial –texto según Ley 14.329- los párrafos correspondientes a Mar del Tuyú y Villa Gesell, por los siguientes:
ARTICULO 8. En la Ciudad de Villa Gesell tendrá asiento un (1) Juzgado Civil y Comercial con competencia territorial sobre el Partido homónimo y un (1) Juzgado de Garantías con competencia territorial sobre los partidos de Villa Gesell y Pinamar; el Ministerio Público estará integrado por un (1) Agente Fiscal.
En la Ciudad de Mar del Tuyú tendrá asiento un (1) Juzgado Civil y Comercial, con competencia territorial sobre el Partido de La Costa; un (1) Tribunal de Trabajo con competencia territorial sobre los partidos de General Lavalle y de la Costa, un (1) Juzgado de Garantías con competencia exclusiva sobre el Partido de La Costa y un (1) Juzgado de Familia con competencia exclusiva sobre los partidos de Villa Gesell, Pinamar y de La Costa.
ARTICULO 3. Autorízase al Poder Ejecutivo, a ordenar el texto de la Ley 5.827 (t.o. por Decreto 3.702/92) y modificatorias, Orgánica del Poder Judicial, en función de las modificaciones introducidas por la presente.
ARTICULO 4. Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten menester a efectos del cumplimiento de lo establecido en la presente Ley.
ARTICULO 5. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ARTICULO 1. Créase un (1) Juzgado de Garantías en el Departamento Judicial Dolores, con asiento en la Ciudad de Villa Gesell, y con competencia en los partidos de Villa Gesell y Pinamar.
ARTICULO 2. Sustitúyese en el artículo 8 de la Ley 5.827, Orgánica del Poder Judicial –texto según Ley 14.329- los párrafos correspondientes a Mar del Tuyú y Villa Gesell, por los siguientes:
ARTICULO 8. En la Ciudad de Villa Gesell tendrá asiento un (1) Juzgado Civil y Comercial con competencia territorial sobre el Partido homónimo y un (1) Juzgado de Garantías con competencia territorial sobre los partidos de Villa Gesell y Pinamar; el Ministerio Público estará integrado por un (1) Agente Fiscal.
En la Ciudad de Mar del Tuyú tendrá asiento un (1) Juzgado Civil y Comercial, con competencia territorial sobre el Partido de La Costa; un (1) Tribunal de Trabajo con competencia territorial sobre los partidos de General Lavalle y de la Costa, un (1) Juzgado de Garantías con competencia exclusiva sobre el Partido de La Costa y un (1) Juzgado de Familia con competencia exclusiva sobre los partidos de Villa Gesell, Pinamar y de La Costa.
ARTICULO 3. Autorízase al Poder Ejecutivo, a ordenar el texto de la Ley 5.827 (t.o. por Decreto 3.702/92) y modificatorias, Orgánica del Poder Judicial, en función de las modificaciones introducidas por la presente.
ARTICULO 4. Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten menester a efectos del cumplimiento de lo establecido en la presente Ley.
ARTICULO 5. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY PROVINCIAL 14581 (BO 06/02/2014)
Garantiza y promueve la creación de los organismos de representación estudiantil bajo la forma de Centros de Estudiantes en cada una de las instituciones de nivel medio y de nivel superior.
ARTICULO 1. La Provincia de Buenos Aires, conforme a la Ley de Educación Nacional 26206, garantiza y promueve la creación de los organismos de representación estudiantil bajo la forma de Centros de Estudiantes en cada una de las instituciones educativas de nivel medio y de nivel superior, ya sean de gestión estatal, de gestión privada, de gestión cooperativa o de gestión social. Asimismo arbitrará los medios necesarios para el reconocimiento de los ya existentes.
ARTICULO 2. Son fines de la presente Ley:
a) Fomentar la creación de Centros de Estudiantes en los establecimientos educativos donde no los haya.
b) Regularizar la situación de aquellos Centros que se hubieren constituido y no funcionen de acuerdo con el espíritu de esta Ley, permitiendo que se desenvuelvan como verdaderos órganos de representación estudiantil.
c) Fomentar la participación de jóvenes y adolescentes en actividades políticas y comunitarias con la finalidad de que puedan mejorar el entorno en el que se desenvuelven.
d) Reconocer a los adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho, y a sus prácticas culturales como parte constitutiva de las experiencias pedagógicas de la escolaridad, para fortalecer la identidad, la ciudadanía y la preparación para el mundo adulto.
e) Fomentar el dialogo entre los estudiantes como método para la resolución de conflictos.
f) Promover la participación activa del estudiantado en la dinámica, constitución y sostenimiento de la vida democrática en la sociedad actual, desde su puesta en práctica en el ámbito escolar y no sólo como enunciación teórica.
ARTICULO 3. El Centro de Estudiantes es el órgano de participación, discusión y organización de los estudiantes de un mismo establecimiento educativo para la defensa y protección de sus derechos. Habrá un único Centro de Estudiantes por escuela.
Tienen por fin los Centros de Estudiantes:
1) Fines:
a) Defender y asegurar el pleno ejercicio de los derechos estudiantiles.
b) Participar de posibles soluciones alternativas a problemáticas estudiantiles que se generen.
c) Fomentar el debate la participación y el espíritu crítico.
d) Velar la tarea académica y administrativa de las instituciones educativas.
e) Representar equitativamente a los estudiantes de la institución educativa.
f) Fomentar la participación de los estudiantes en cuestiones artísticas, deportivas, recreativas y sociales.
g) Contribuir al desarrollo de una cultura política pluralista en la búsqueda de consensos y la armonización de las diferencias a través de la discusión y deliberación.
h) Contribuir al desarrollo de la capacidad de elección y decisión en un marco de libertad y responsabilidad.
i) Propiciar la internalización de los valores democráticos como sistema de gobierno, garantizando la pluralidad de ideas, la defensa del sistema democrático participativo y la defensa de los derechos humanos.
j) Respetar la equidad de género de cada establecimiento educativo en la conformación de las listas.
ARTICULO 4. Pueden participar todos los estudiantes de una misma escuela que acrediten la condición de regulares. La participación es optativa, no así la votación de autoridades del Centro y del estatuto, proceso que involucrará a todos los estudiantes.
ARTICULO 5. Las elecciones de las autoridades de cada Centro se llevarán a cabo todos los 16 de septiembre o día hábil anterior o posterior en el horario escolar.
ARTICULO 6. Los Centros de Estudiantes deberán darse su propio estatuto en correspondencia con la presente Ley, sin otro requisito que la aprobación de la mayoría absoluta de los estudiantes mediante el voto secreto. El estatuto contendrá:
a) Domicilio legal: El que no podrá ser otro que el del establecimiento educativo donde participa, salvo el caso expreso de las Federaciones.
b) Denominación social: que bajo ninguna circunstancia podrá coincidir con otro en el ámbito de una misma Federación Jurisdiccional.
c) Objeto social: El cual deberá respetar los principios básicos establecidos en la presente Ley.
d) Situación patrimonial: Informándose anualmente el estado contable del Centro o Federación.
e) Método de reformas estatutarias: Las que se realizarán con el voto de las dos terceras partes del cuerpo de delegados más una refrenda de la mayoría absoluta de los estudiantes.
f) Régimen electoral: Respetará los principios del artículo 7 de la presente Ley.
g) Forma de Disolución.
ARTICULO 7. En los Establecimientos donde no existiese Centro de Estudiantes al momento de ponerse en vigencia la presente Ley, las autoridades de los establecimientos educativos deberán convocar en cada uno de los cursos a la elección de un (1) delegado titular y un (1) delegado suplente. Dentro de los diez (10) días posteriores a la elección, los delegados titulares se reunirán en el cuerpo de Delegados constituyendo el Centro de Estudiantes y procederán en el mismo acto a elegir los integrantes de la Junta Electoral y a convocar a la elección de las autoridades de la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes en un plazo máximo de treinta (30) días. El régimen electoral para la constitución de la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes será el sistema D'Hont.
A partir de ese momento dicho cuerpo queda en estado de Asamblea permanente, a fin de informar al alumnado la función del Centro de Estudiantes y controlar su instancia de formación.
ARTICULO 8. Son órganos del Centro de Estudiantes:
1) Asamblea General:
La Asamblea General es el órgano máximo y sus resoluciones se tomarán por mayoría simple de los estudiantes presentes. La misma deberá contar con la presencia como mínimo del veinte por ciento (20%) de la cantidad total de estudiantes del establecimiento.
Tiene entre sus funciones:
a) Intervenir como órgano máximo de apelación de las resoluciones emanadas de los diferentes organismos de dirección del Centro de Estudiantes.
b) Solicitar a la Comisión Directiva que convoque a referéndum o plebiscito en aquellos temas de importancia para la comunidad educativa.
La Asamblea General Ordinaria sesionará convocada por la Comisión Directiva por lo menos dos (2) veces al año o un número mayor, según lo establezca el Estatuto.
La Asamblea General Extraordinaria será convocada cuando lo solicite por escrito un número de estudiantes no inferior al veinte por ciento (20%) del padrón estudiantil o cuando lo defina la Comisión Directiva, para tratar asuntos de urgencia.
2) Cuerpo de Delegados:
Al comienzo de cada ciclo lectivo, durante los primeros veinte (20) días de iniciado, en cada establecimiento educativo los estudiantes elegirán un (1) representante y un (1) suplente por curso y división, quienes conformarán el Cuerpo de Delegados. La elección de los delegados será a través de una votación en cada curso y se elegirá por simple mayoría de votos siendo el voto de cada estudiante secreto. Esta elección será supervisada por el preceptor de cada curso.
El Cuerpo de Delegados tiene como función representar a los cursos a los que pertenezcan cada uno de sus miembros, ante el Centro de Estudiantes.
Los Delegados sesionarán en forma colegiada al menos una vez al año y también cuando así lo decidan los mismos delegados o lo disponga el Estatuto del Centro de Estudiantes.
Son obligaciones y derechos de los delegados de cada curso:
a) Aprobar y/o rechazar el llamado a reforma del Estatuto del Centro de Estudiantes.
b) En el caso de no existir centro de estudiantes al momento de aplicarse esta Ley deberá designar a la junta electoral.
c) Informar al curso de las medidas y resoluciones del Centro de Estudiantes.
d) Cooperar de forma solidaria y responsable con el mismo.
e) Controlar la instancia de formación del Centro de Estudiantes al momento de ponerse en vigencia la presente Ley.
f) Participar con voz y sin voto de las reuniones de la Comisión Directiva.
g) Presentar ante la Comisión Directiva las inquietudes, proyectos y propuestas de su curso.
Es incompatible ser miembro de la Comisión Directiva y Delegado de curso.
3) Comisión Directiva:
La Comisión Directiva es el órgano ejecutivo del Centro de Estudiantes. Su número de integrantes, derechos y obligaciones así como también sus comisiones de trabajo quedarán establecidos por el Estatuto de cada Centro de Estudiantes.
Tendrá entre sus funciones:
a) Elaborar y presentar el Estatuto del Centro de Estudiantes para su tratamiento y posteriormente ser sometido al voto secreto y obligatorio de la asamblea. El cual deberá ser elaborado de acuerdo a las características propias de cada establecimiento, a las modalidades e idiosincrasia de su comunidad y a los distintos aspectos que conforman su realidad específica, respetando los aspectos sustanciales de la presente Ley.
b) Presentar al comienzo de su gestión un programa tentativo de las actividades que piensa llevar adelante.
c) Convocar a no menos de dos (2) veces al año a la Asamblea General.
d) Remitir a las Autoridades del establecimiento copia autenticada del Estatuto aprobado con sus modificaciones y enmiendas en caso de habérsele realizado.
e) Ejecutar las resoluciones emanadas de los órganos del Centro de Estudiantes.
f) Garantizar la efectiva descentralización de poder del Centro de Estudiantes con el fin de valorar el trabajo colectivo y la responsabilidad de sus miembros.
g) Convocar a elecciones.
h) Recibir y oficializar las listas que se presenten para la elección.
La Comisión Directiva se reunirá tantas veces como sea necesario a los efectos de cumplir con sus funciones y objetivos del Centro de Estudiantes. Para sesionar necesitará de la mitad más uno de sus miembros. Sus resoluciones requerirán contar con la aprobación de la mayoría simple de los presentes, salvo en aquellos casos que el Estatuto indique una mayoría especial.
Los miembros de la Comisión Directiva durarán un (1) año en sus funciones pudiendo ser reelectos en caso que el Estatuto lo establezca.
ARTICULO 9. La Comisión Directiva deberá recibir y oficializar las listas que se presenten de acuerdo con los requisitos electorales que fije el estatuto interno, con una antelación de veinte (20) días previos a la elección.
Las mismas deberán:
a) Contar con el aval como mínimo de 20 (veinte) estudiantes regulares del establecimiento. b) Tener entre sus candidatos sólo a estudiantes regulares de la institución.
c) Contener como mínimo el número de candidatos igual al total de cargos a elegir.
d) Estar integradas al menos por un integrante de cada año de manera que no exista mayoría de un solo año.
e) Contar con candidatos a Presidente y Vicepresidente de distinto año.
f) Al momento de ser presentadas ante la Junta Electoral tendrá que ir acompañadas por la firma de cada uno de los candidatos.
ARTICULO 10. Se constituirá la Junta Electoral quince (15) días antes de la fecha de elección que podrá estar conformada por un representante por cada lista presentada.
Son funciones de la Junta Electoral:
a) Recibir y controlar el padrón de los estudiantes regulares, debiendo emitir una copia a cada lista oficializada.
b) Designar los estudiantes que habrán de desempeñarse como presidente y vicepresidente de la o las mesas habilitadas para sufragar.
c) Destinar diez (10) días previos al acto eleccionario, para que las listas presentadas den a conocer sus propuestas a todos los estudiantes del establecimiento.
d) Monitorear el escrutinio, informar sobre sus resultados y proclamar a las autoridades electas.
e) Resolver sobre impugnaciones y todo acto referido al comicio.
Cada lista presentada podrá designar un fiscal para el control del comicio en cada mesa.
ARTICULO 11. La Autoridad Directiva de cada establecimiento educativo para la puesta en marcha, vigencia y funcionamiento efectivo del Centro de Estudiantes, deberá:
a) Arbitrar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento del Centro de
Estudiantes en un espacio físico dentro del establecimiento educativo, designado al efecto y de temporalidad permanente.
b) Será responsable de poner en conocimiento de la comunidad educativa la presente Ley, asesorando y facilitando los medios necesarios para la implementación y funcionamiento del Centro de Estudiantes.
c) Brindar el apoyo para el desarrollo de sus actividades.
d) Las autoridades dispondrán de los medios necesarios para facilitar las elecciones de las autoridades del Centro de Estudiantes.
e) Las autoridades deberán poner a disposición del alumnado cuarenta y cinco (45) días antes de la elección y en un lugar público y de fácil acceso un padrón provisorio con el total de estudiantes regulares.
f) Las autoridades del establecimiento deberán confeccionar y facilitar el padrón con los nombres de todos los estudiantes regulares del mismo a la Junta Electoral al momento de la conformación de ésta.
ARTICULO 12. Cualquier estudiante con el aval del veinte (20) por ciento del alumnado regular puede denunciar ante la Dirección General de Cultura y Educación, al establecimiento que no cumpla con la presente Ley.
ARTICULO 13. Créase el Registro Provincial de Centro de Estudiantes en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación, con el fin de monitorear el cumplimiento de la presente Ley y elaborar programas destinados al sector.
ARTICULO 14. La Autoridad de Aplicación de la presente Ley tendrá a su cargo el velar por su cumplimiento y difusión. La presente Ley, al igual que las normas que se dispongan en el futuro a efectos de reglamentarla, será exhibida adecuada y permanentemente en todos los establecimientos de nivel medio y nivel superior. Asimismo, durante los primeros treinta (30) días desde el inicio de cada ciclo lectivo distribuirá un ejemplar de la presente Ley a cada uno de los estudiantes de todos los establecimientos educativos alcanzados.
ARTICULO 15. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ARTICULO 1. La Provincia de Buenos Aires, conforme a la Ley de Educación Nacional 26206, garantiza y promueve la creación de los organismos de representación estudiantil bajo la forma de Centros de Estudiantes en cada una de las instituciones educativas de nivel medio y de nivel superior, ya sean de gestión estatal, de gestión privada, de gestión cooperativa o de gestión social. Asimismo arbitrará los medios necesarios para el reconocimiento de los ya existentes.
ARTICULO 2. Son fines de la presente Ley:
a) Fomentar la creación de Centros de Estudiantes en los establecimientos educativos donde no los haya.
b) Regularizar la situación de aquellos Centros que se hubieren constituido y no funcionen de acuerdo con el espíritu de esta Ley, permitiendo que se desenvuelvan como verdaderos órganos de representación estudiantil.
c) Fomentar la participación de jóvenes y adolescentes en actividades políticas y comunitarias con la finalidad de que puedan mejorar el entorno en el que se desenvuelven.
d) Reconocer a los adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho, y a sus prácticas culturales como parte constitutiva de las experiencias pedagógicas de la escolaridad, para fortalecer la identidad, la ciudadanía y la preparación para el mundo adulto.
e) Fomentar el dialogo entre los estudiantes como método para la resolución de conflictos.
f) Promover la participación activa del estudiantado en la dinámica, constitución y sostenimiento de la vida democrática en la sociedad actual, desde su puesta en práctica en el ámbito escolar y no sólo como enunciación teórica.
ARTICULO 3. El Centro de Estudiantes es el órgano de participación, discusión y organización de los estudiantes de un mismo establecimiento educativo para la defensa y protección de sus derechos. Habrá un único Centro de Estudiantes por escuela.
Tienen por fin los Centros de Estudiantes:
1) Fines:
a) Defender y asegurar el pleno ejercicio de los derechos estudiantiles.
b) Participar de posibles soluciones alternativas a problemáticas estudiantiles que se generen.
c) Fomentar el debate la participación y el espíritu crítico.
d) Velar la tarea académica y administrativa de las instituciones educativas.
e) Representar equitativamente a los estudiantes de la institución educativa.
f) Fomentar la participación de los estudiantes en cuestiones artísticas, deportivas, recreativas y sociales.
g) Contribuir al desarrollo de una cultura política pluralista en la búsqueda de consensos y la armonización de las diferencias a través de la discusión y deliberación.
h) Contribuir al desarrollo de la capacidad de elección y decisión en un marco de libertad y responsabilidad.
i) Propiciar la internalización de los valores democráticos como sistema de gobierno, garantizando la pluralidad de ideas, la defensa del sistema democrático participativo y la defensa de los derechos humanos.
j) Respetar la equidad de género de cada establecimiento educativo en la conformación de las listas.
ARTICULO 4. Pueden participar todos los estudiantes de una misma escuela que acrediten la condición de regulares. La participación es optativa, no así la votación de autoridades del Centro y del estatuto, proceso que involucrará a todos los estudiantes.
ARTICULO 5. Las elecciones de las autoridades de cada Centro se llevarán a cabo todos los 16 de septiembre o día hábil anterior o posterior en el horario escolar.
ARTICULO 6. Los Centros de Estudiantes deberán darse su propio estatuto en correspondencia con la presente Ley, sin otro requisito que la aprobación de la mayoría absoluta de los estudiantes mediante el voto secreto. El estatuto contendrá:
a) Domicilio legal: El que no podrá ser otro que el del establecimiento educativo donde participa, salvo el caso expreso de las Federaciones.
b) Denominación social: que bajo ninguna circunstancia podrá coincidir con otro en el ámbito de una misma Federación Jurisdiccional.
c) Objeto social: El cual deberá respetar los principios básicos establecidos en la presente Ley.
d) Situación patrimonial: Informándose anualmente el estado contable del Centro o Federación.
e) Método de reformas estatutarias: Las que se realizarán con el voto de las dos terceras partes del cuerpo de delegados más una refrenda de la mayoría absoluta de los estudiantes.
f) Régimen electoral: Respetará los principios del artículo 7 de la presente Ley.
g) Forma de Disolución.
ARTICULO 7. En los Establecimientos donde no existiese Centro de Estudiantes al momento de ponerse en vigencia la presente Ley, las autoridades de los establecimientos educativos deberán convocar en cada uno de los cursos a la elección de un (1) delegado titular y un (1) delegado suplente. Dentro de los diez (10) días posteriores a la elección, los delegados titulares se reunirán en el cuerpo de Delegados constituyendo el Centro de Estudiantes y procederán en el mismo acto a elegir los integrantes de la Junta Electoral y a convocar a la elección de las autoridades de la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes en un plazo máximo de treinta (30) días. El régimen electoral para la constitución de la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes será el sistema D'Hont.
A partir de ese momento dicho cuerpo queda en estado de Asamblea permanente, a fin de informar al alumnado la función del Centro de Estudiantes y controlar su instancia de formación.
ARTICULO 8. Son órganos del Centro de Estudiantes:
1) Asamblea General:
La Asamblea General es el órgano máximo y sus resoluciones se tomarán por mayoría simple de los estudiantes presentes. La misma deberá contar con la presencia como mínimo del veinte por ciento (20%) de la cantidad total de estudiantes del establecimiento.
Tiene entre sus funciones:
a) Intervenir como órgano máximo de apelación de las resoluciones emanadas de los diferentes organismos de dirección del Centro de Estudiantes.
b) Solicitar a la Comisión Directiva que convoque a referéndum o plebiscito en aquellos temas de importancia para la comunidad educativa.
La Asamblea General Ordinaria sesionará convocada por la Comisión Directiva por lo menos dos (2) veces al año o un número mayor, según lo establezca el Estatuto.
La Asamblea General Extraordinaria será convocada cuando lo solicite por escrito un número de estudiantes no inferior al veinte por ciento (20%) del padrón estudiantil o cuando lo defina la Comisión Directiva, para tratar asuntos de urgencia.
2) Cuerpo de Delegados:
Al comienzo de cada ciclo lectivo, durante los primeros veinte (20) días de iniciado, en cada establecimiento educativo los estudiantes elegirán un (1) representante y un (1) suplente por curso y división, quienes conformarán el Cuerpo de Delegados. La elección de los delegados será a través de una votación en cada curso y se elegirá por simple mayoría de votos siendo el voto de cada estudiante secreto. Esta elección será supervisada por el preceptor de cada curso.
El Cuerpo de Delegados tiene como función representar a los cursos a los que pertenezcan cada uno de sus miembros, ante el Centro de Estudiantes.
Los Delegados sesionarán en forma colegiada al menos una vez al año y también cuando así lo decidan los mismos delegados o lo disponga el Estatuto del Centro de Estudiantes.
Son obligaciones y derechos de los delegados de cada curso:
a) Aprobar y/o rechazar el llamado a reforma del Estatuto del Centro de Estudiantes.
b) En el caso de no existir centro de estudiantes al momento de aplicarse esta Ley deberá designar a la junta electoral.
c) Informar al curso de las medidas y resoluciones del Centro de Estudiantes.
d) Cooperar de forma solidaria y responsable con el mismo.
e) Controlar la instancia de formación del Centro de Estudiantes al momento de ponerse en vigencia la presente Ley.
f) Participar con voz y sin voto de las reuniones de la Comisión Directiva.
g) Presentar ante la Comisión Directiva las inquietudes, proyectos y propuestas de su curso.
Es incompatible ser miembro de la Comisión Directiva y Delegado de curso.
3) Comisión Directiva:
La Comisión Directiva es el órgano ejecutivo del Centro de Estudiantes. Su número de integrantes, derechos y obligaciones así como también sus comisiones de trabajo quedarán establecidos por el Estatuto de cada Centro de Estudiantes.
Tendrá entre sus funciones:
a) Elaborar y presentar el Estatuto del Centro de Estudiantes para su tratamiento y posteriormente ser sometido al voto secreto y obligatorio de la asamblea. El cual deberá ser elaborado de acuerdo a las características propias de cada establecimiento, a las modalidades e idiosincrasia de su comunidad y a los distintos aspectos que conforman su realidad específica, respetando los aspectos sustanciales de la presente Ley.
b) Presentar al comienzo de su gestión un programa tentativo de las actividades que piensa llevar adelante.
c) Convocar a no menos de dos (2) veces al año a la Asamblea General.
d) Remitir a las Autoridades del establecimiento copia autenticada del Estatuto aprobado con sus modificaciones y enmiendas en caso de habérsele realizado.
e) Ejecutar las resoluciones emanadas de los órganos del Centro de Estudiantes.
f) Garantizar la efectiva descentralización de poder del Centro de Estudiantes con el fin de valorar el trabajo colectivo y la responsabilidad de sus miembros.
g) Convocar a elecciones.
h) Recibir y oficializar las listas que se presenten para la elección.
La Comisión Directiva se reunirá tantas veces como sea necesario a los efectos de cumplir con sus funciones y objetivos del Centro de Estudiantes. Para sesionar necesitará de la mitad más uno de sus miembros. Sus resoluciones requerirán contar con la aprobación de la mayoría simple de los presentes, salvo en aquellos casos que el Estatuto indique una mayoría especial.
Los miembros de la Comisión Directiva durarán un (1) año en sus funciones pudiendo ser reelectos en caso que el Estatuto lo establezca.
ARTICULO 9. La Comisión Directiva deberá recibir y oficializar las listas que se presenten de acuerdo con los requisitos electorales que fije el estatuto interno, con una antelación de veinte (20) días previos a la elección.
Las mismas deberán:
a) Contar con el aval como mínimo de 20 (veinte) estudiantes regulares del establecimiento. b) Tener entre sus candidatos sólo a estudiantes regulares de la institución.
c) Contener como mínimo el número de candidatos igual al total de cargos a elegir.
d) Estar integradas al menos por un integrante de cada año de manera que no exista mayoría de un solo año.
e) Contar con candidatos a Presidente y Vicepresidente de distinto año.
f) Al momento de ser presentadas ante la Junta Electoral tendrá que ir acompañadas por la firma de cada uno de los candidatos.
ARTICULO 10. Se constituirá la Junta Electoral quince (15) días antes de la fecha de elección que podrá estar conformada por un representante por cada lista presentada.
Son funciones de la Junta Electoral:
a) Recibir y controlar el padrón de los estudiantes regulares, debiendo emitir una copia a cada lista oficializada.
b) Designar los estudiantes que habrán de desempeñarse como presidente y vicepresidente de la o las mesas habilitadas para sufragar.
c) Destinar diez (10) días previos al acto eleccionario, para que las listas presentadas den a conocer sus propuestas a todos los estudiantes del establecimiento.
d) Monitorear el escrutinio, informar sobre sus resultados y proclamar a las autoridades electas.
e) Resolver sobre impugnaciones y todo acto referido al comicio.
Cada lista presentada podrá designar un fiscal para el control del comicio en cada mesa.
ARTICULO 11. La Autoridad Directiva de cada establecimiento educativo para la puesta en marcha, vigencia y funcionamiento efectivo del Centro de Estudiantes, deberá:
a) Arbitrar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento del Centro de
Estudiantes en un espacio físico dentro del establecimiento educativo, designado al efecto y de temporalidad permanente.
b) Será responsable de poner en conocimiento de la comunidad educativa la presente Ley, asesorando y facilitando los medios necesarios para la implementación y funcionamiento del Centro de Estudiantes.
c) Brindar el apoyo para el desarrollo de sus actividades.
d) Las autoridades dispondrán de los medios necesarios para facilitar las elecciones de las autoridades del Centro de Estudiantes.
e) Las autoridades deberán poner a disposición del alumnado cuarenta y cinco (45) días antes de la elección y en un lugar público y de fácil acceso un padrón provisorio con el total de estudiantes regulares.
f) Las autoridades del establecimiento deberán confeccionar y facilitar el padrón con los nombres de todos los estudiantes regulares del mismo a la Junta Electoral al momento de la conformación de ésta.
ARTICULO 12. Cualquier estudiante con el aval del veinte (20) por ciento del alumnado regular puede denunciar ante la Dirección General de Cultura y Educación, al establecimiento que no cumpla con la presente Ley.
ARTICULO 13. Créase el Registro Provincial de Centro de Estudiantes en el ámbito de la Dirección General de Cultura y Educación, con el fin de monitorear el cumplimiento de la presente Ley y elaborar programas destinados al sector.
ARTICULO 14. La Autoridad de Aplicación de la presente Ley tendrá a su cargo el velar por su cumplimiento y difusión. La presente Ley, al igual que las normas que se dispongan en el futuro a efectos de reglamentarla, será exhibida adecuada y permanentemente en todos los establecimientos de nivel medio y nivel superior. Asimismo, durante los primeros treinta (30) días desde el inicio de cada ciclo lectivo distribuirá un ejemplar de la presente Ley a cada uno de los estudiantes de todos los establecimientos educativos alcanzados.
ARTICULO 15. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY PROVINCIAL 14580 (BO 06/02/2014)
Adhesión a la Ley Nacional 26657 sobre Derecho a la Protección de la Salud Mental.
ARTICULO 1. Adhiérase la Provincia de Buenos Aires a la Ley 26657 "Derecho a la Protección de la Salud Mental", que establece la protección de los derechos de los ciudadanos que padecen problemas de salud mental y garantiza el acceso a los servicios que la promueven y la protegen. La presente Ley asume el criterio de dicho instrumento normativo en el sentido de que las políticas de salud mental contemplan también la protección de los derechos de aquellos ciudadanos con problemas en el uso de drogas legales o ilegales.
ARTICULO 2. Desígnase al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires como Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
ARTICULO 3. Otórgase al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a los servicios de salud dependientes del subsector público, privado y de la seguridad social, un plazo máximo de treinta y seis (36) meses para implementar las reformas que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Ley 26657. Sin perjuicio de lo cual los derechos de los usuarios y las obligaciones de los prestadores tienen plena vigencia a partir de la sanción de la presente Ley.
ARTICULO 4. Autorízase al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, como Autoridad de Aplicación de la presente Ley, a realizar monitoreos periódicos sobre los servicios de salud de los subsectores público, privado y de la seguridad social a fin de evaluar el cumplimiento de lo dispuesto en forma antecedente.
ARTICULO 5. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, será responsable de la elaboración de un plan provincial de salud mental participativo, interdisciplinario e intersectorial, cuyos criterios fundamentales serán los establecidos en la Ley 26657.
ARTICULO 6. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires debe promover, en consulta con la Secretaría de Derechos Humanos de la jurisdicción, el desarrollo de estándares de habilitación y supervisión periódica de los servicios de salud mental públicos y privados.
ARTICULO 7. El Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires realizará un (1) relevamiento anual, donde se evidenciará la situación de la protección de la salud mental en la Provincia, tanto en los subsectores público, privado y de la seguridad social así como en el ámbito carcelario. Este informe, que tendrá carácter público, deberá ser presentado ante el plenario de las Comisiones de Salud de ambas Cámaras Legislativas.
ARTICULO 8. Las obras sociales y las empresas de medicina prepaga que desarrollan sus actividades en la Provincia de Buenos Aires, deberán incluir en su menú prestacional los servicios garantizados por la presente Ley en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días a partir de la sanción de este marco normativo.
ARTICULO 9. Derógase toda norma que se oponga a la presente.
ARTICULO 10. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ARTICULO 1. Adhiérase la Provincia de Buenos Aires a la Ley 26657 "Derecho a la Protección de la Salud Mental", que establece la protección de los derechos de los ciudadanos que padecen problemas de salud mental y garantiza el acceso a los servicios que la promueven y la protegen. La presente Ley asume el criterio de dicho instrumento normativo en el sentido de que las políticas de salud mental contemplan también la protección de los derechos de aquellos ciudadanos con problemas en el uso de drogas legales o ilegales.
ARTICULO 2. Desígnase al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires como Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
ARTICULO 3. Otórgase al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a los servicios de salud dependientes del subsector público, privado y de la seguridad social, un plazo máximo de treinta y seis (36) meses para implementar las reformas que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Ley 26657. Sin perjuicio de lo cual los derechos de los usuarios y las obligaciones de los prestadores tienen plena vigencia a partir de la sanción de la presente Ley.
ARTICULO 4. Autorízase al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, como Autoridad de Aplicación de la presente Ley, a realizar monitoreos periódicos sobre los servicios de salud de los subsectores público, privado y de la seguridad social a fin de evaluar el cumplimiento de lo dispuesto en forma antecedente.
ARTICULO 5. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, será responsable de la elaboración de un plan provincial de salud mental participativo, interdisciplinario e intersectorial, cuyos criterios fundamentales serán los establecidos en la Ley 26657.
ARTICULO 6. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires debe promover, en consulta con la Secretaría de Derechos Humanos de la jurisdicción, el desarrollo de estándares de habilitación y supervisión periódica de los servicios de salud mental públicos y privados.
ARTICULO 7. El Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires realizará un (1) relevamiento anual, donde se evidenciará la situación de la protección de la salud mental en la Provincia, tanto en los subsectores público, privado y de la seguridad social así como en el ámbito carcelario. Este informe, que tendrá carácter público, deberá ser presentado ante el plenario de las Comisiones de Salud de ambas Cámaras Legislativas.
ARTICULO 8. Las obras sociales y las empresas de medicina prepaga que desarrollan sus actividades en la Provincia de Buenos Aires, deberán incluir en su menú prestacional los servicios garantizados por la presente Ley en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días a partir de la sanción de este marco normativo.
ARTICULO 9. Derógase toda norma que se oponga a la presente.
ARTICULO 10. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
LEY PROVINCIAL 14579 (BO 06/02/2014)
Modifica el artículo 54 de la Ley 10430 (Estatuto y Escalafón para el Personal de la Administración Pública) sobre licencia por donación de sangre.
ARTICULO 1. Modificase el artículo 54 de la Ley 10430 (exto ordenado 1869/96) que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTICULO 54. El agente que donare sangre a un enfermo que la necesite gozará de licencia con goce de haberes, el día de la extracción debiendo acreditar tal circunstancia mediante la presentación de certificado médico.
En el caso de tener que trasladarse a más de ciento cincuenta kilómetros para efectuar la donación, el agente gozará de 2 (dos) días de licencia con goce de haberes, debiendo acreditar fehacientemente la necesidad del traslado desde su lugar de residencia habitual.
ARTICULO 2. Las modalidades de reconocimiento de esta licencia estarán dadas conforme lo determine la reglamentación respectiva.
ARTICULO 3. Se invita a los restantes poderes de la Provincia y a los Municipios a adherir expresamente a los alcances de este proyecto.
ARTICULO 4. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ARTICULO 1. Modificase el artículo 54 de la Ley 10430 (exto ordenado 1869/96) que quedará redactado de la siguiente forma:
ARTICULO 54. El agente que donare sangre a un enfermo que la necesite gozará de licencia con goce de haberes, el día de la extracción debiendo acreditar tal circunstancia mediante la presentación de certificado médico.
En el caso de tener que trasladarse a más de ciento cincuenta kilómetros para efectuar la donación, el agente gozará de 2 (dos) días de licencia con goce de haberes, debiendo acreditar fehacientemente la necesidad del traslado desde su lugar de residencia habitual.
ARTICULO 2. Las modalidades de reconocimiento de esta licencia estarán dadas conforme lo determine la reglamentación respectiva.
ARTICULO 3. Se invita a los restantes poderes de la Provincia y a los Municipios a adherir expresamente a los alcances de este proyecto.
ARTICULO 4. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DIVORCIO POR PRESENTACION CONJUNTA. Audiencias. Inconstitucionalidad declarada de oficio.
Si los peticionantes no han manifestado que sienten afectada su autonomía personal o su derecho a la intimidad por tener que explicar en audiencia privada a un magistrado los motivos que los llevan a divorciarse o por el hecho de que la ley los obligue a esperar dos meses antes de que se celebre la segunda audiencia a fin de ratificar o no su decisión, que el juzgador sustituya su voluntad declarando la inconstitucionalidad de la norma que regula el procedimiento –y además sin vista previa al Ministerio Público- implica una intromisión en sus ámbitos autónomos de decisión.
CCCom Mercedes, Sala I, 04/02/2014, O. M. V. y G. J. M. s/ DIVORCIO (ARTICULO 215 CODIGO CIVIL).
Mercedes, 04 de febrero de 2014.
CUESTIONES
1° ¿Es justa la sentencia apelada?
2° ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
VOTACION
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez doctor Ibarlucía dijo:
I. La resolución de fs. 11/13, que declara la inconstitucionalidad del art. 236 del C.C., es apelada por el representante del Ministerio Público Fiscal, quien presenta memorial a fs. 21/24, el que no es contestado por las partes.
II. La sra. M. V. O. y el sr. J. M. G., con el patrocinio de sendos defensores oficiales, promueven demanda de divorcio vincular por presentación conjunta. Dicen que contrajeron matrimonio el 30/11/07, de cuya unión nacieron dos hijos, y que con el correr del tiempo surgieron desavenencias que hicieron imposible la vida en común, razón por la cual hace más de un año y medio que se encuentran separados de hecho. Solicitan que se fijen las audiencias previstas por el art. 236 del C.C., y que oportunamente se decrete el divorcio vincular.
III. La sra. Jueza de Familia en la primera providencia, sin previa vista al Ministerio Público, de oficio aborda la constitucionalidad del art. 236 del C.C., invocando al efecto el fallo de la C.S.J.N. en el caso “Mill de Pereyra, Rita A. y otros c. Provincia de Corrientes”.
Sostiene que la norma citada prevé que el juez debe convocar a las partes a dos audiencias, la primera de carácter conciliatorio y la segunda a fin de que los cónyuges manifiesten, personalmente o por apoderado, si han arribado a una conciliación, lo cual es cuestionable desde dos aspectos: el primero por tener las partes que exponer ante el juez los motivos que los conducen a peticionar el divorcio, cuestión reservada al ámbito de su vida privada, y el segundo, por el plazo de espera hasta la segunda audiencia obligándolos a reflexionar sobre una posible reconciliación, demorándose así una decisión que sólo compete a las partes.
Dice que el art. 19 de la C.N. contempla la libertad de intimidad que consiste en los aspectos personales y reservados a la existencia del hombre que, por estar marginados de la relación social, no pueden ser objeto de intromisión por parte del Estado o de los particulares sin su consentimiento. Desde ese concepto, expresa
que el sistema obligatorio de la doble audiencia y el plazo de espera violenta derechos de rango constitucional, como la libertad, la protección de la familia, el respeto a la vida privada, la autonomía de la voluntad y “los derechos del hombre y su alcance”.
Afirma que ha cambiado el escenario sociocultural desde la reforma del Código Civil de 1987 y que el rol del juez es interpretar en forma activa y sensible la ley y las necesidades sociales teniendo en cuenta la justicia en el caso concreto. Expresa que no hay un interés social u orden público que lleve a que el mismo decida
por intermedio del juez si son valederos los motivos que llevan a las partes a divorciarse y a obligarlos a un plazo de reflexión. Cita en tal sentido jurisprudencia que sustentara una decisión en tal sentido en los fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de 2012.
Concluye que el art. 236 del C.C. es irrazonable y contrario a los derechos constitucionales de igualdad, autonomía privada, intimidad, libertad, respeto a la vida privada y libertad de asociación, por lo que declara su inconstitucionalidad, “prescindiendo del sistema de audiencias reglamentado por esta norma”.
IV. Corrida vista al Agente Fiscal, este apela, presentándose el memorial donde se pide la revocación de la resolución.
Sostiene el representante del Ministerio Público que la jueza ha invadido facultades del Poder Legislativo Nacional, a quien le corresponde sancionar el Código Civil (art. 75 inc. 12 C.N.), por lo que por medio de lo resuelto se ha alterado la forma republicana de gobierno (art. 1 C.N.).
Expresa que las normas de derecho de familia son de orden público y que el art. 36 de la Constitución provincial establece que la familia es el núcleo primario y fundamental de la sociedad y que la provincia debe establecer políticas que procuren su fortalecimiento moral y material.
Dice que, si bien es cierto que la tendencia legislativa es a flexibilizar la norma motivo de análisis, hasta la actualidad no ha sido reformada y mantiene plena vigencia. No existe –afirma-, según la ley vigente, divorcio sin causa, y en el caso que nos ocupa debe haber “causas graves que hagan moralmente imposible la
vida en común”, las que el juez debe evaluar aún cuando no sean objeto de prueba. El derecho a la intimidad debe ceder ante el interés público que tutela el derecho de familia. No es violatorio de garantía constitucional alguna –agrega– el intento de conciliación y el período de reflexión que no tiene otra finalidad que evitar rupturas matrimoniales intempestivas. Con cita de doctrina y jurisprudencia expresa que, si las partes optaron por el procedimiento previsto por los arts. 215 y 236 del C.C., no pueden eludir ese trámite.
V. Lo primero que debe abordar esta Cámara es si es posible decretar de oficio la inconstitucionalidad de la norma en análisis por los fundamentos vertidos en la resolución apelada.
Invocó al efecto la jueza el fallo “Mill de Pereyra” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 27/09/01 (Fallos: 324:3219). Al respecto es de recordar que, si bien es cierto que el alto tribunal federal por medio de dicho fallo terminó por habilitar el control de oficio de constitucionalidad –tendencia que se había
insinuado previamente por medio de votos en disidencia y por la mayor parte de la doctrina-, lo hizo dejando constancia que era un remedio extremo al cual sólo debía recurrirse cuando se dieran excepcionales circunstancias, que puntillosamente detalló de la siguiente manera: a) cuando la violación de la Constitución sea de tal entidad que justifique la abrogación, en desmedro de la seguridad jurídica; b) siendo un acto de suma gravedad, sólo debe recurrirse a ese remedio cuando una estricta
necesidad lo requiera, en situaciones en las que la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta e indubitable y la incompatibilidad de la norma con la Constitución sea inconciliable; c) cuando no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa; d) no debe implicar una declaración de inconstitucionalidad en abstracto; es decir, fuera de una causa concreta, a efectos de resolver un conflicto contencioso en los términos del art. 2 de la ley 27; e) sólo será necesaria cuando se trate de remover un obstáculo –la norma inconstitucional– que se interponga entre la decisión de la causa y la aplicación directa a esta de la ley fundamental; o sea, debe ser el presupuesto para el progreso de otra pretensión; f) la decisión sólo tendrá efecto sólo en el caso concreto; es decir no tiene efecto derogatorio genérico (Considerando 10°).
Es de advertir que el fallo no fue unánime en sus fundamentos, toda vez que dos de los jueces que hicieron posible que se conformara la mayoría dejaron expresa constancia que era insoslayable que se hubiera respetado el derecho de defensa de las partes. Es decir, sólo cuando ambas partes hubieran tenido la oportunidad de ser oídas (en el caso, había sido posible al conferirse traslado del recurso extraordinario federal), podía procederse a declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma.
La factibilidad plena de este control recién fue reconocido por una mayoría clara de la Corte en el fallo “Banco Comercial de Finanzas S.A. s/ Quiebra “ del 19/08/04 (Fallos: 327:3117), pero el alto tribunal insistió en su carácter excepcional y no dejó de lado las exigencias expuestas en “Mill de Pereyra” arriba señaladas, como tampoco lo ha hecho en el más reciente fallo “Rodríguez Pereyra c. Ejército Argentino” del 27/11/2012 (Fallos: 335:2333), en el que expresamente incluyó en el mismo al control de convencionalidad.
Los distintos tribunales del país –en especial la S.C.B.A. (L. 80.156 del 31/03/04; L. 72.258 del 28/05/03; L. 79.387 del 17/05/06; L. 90.610 del 2/07/08; L. 99.991 del 31/08/11, L. 108.624 del 19/09/12, y otros)– siguieron estos lineamientos, pero quedó como interrogante la eventual discordancia entre el control de oficio de
constitucionalidad y el principio de congruencia que es medular en el procedimiento civil (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 272 C.P.C.).
La Corte Nacional puso al respecto las cosas en su quicio en el fallo “Gómez, Carlos A. c. Argencard S.A.” del 27/12/06 (Fallos: 329:5903), cuando revocó por arbitrariedad una sentencia de la Cámara Nacional en lo Comercial que había declarado la inconstitucionalidad de las normas de “pesificación” (art. 11 de la ley
25.561) sin que la parte interesada lo hubiera pedido. La Corte sostuvo que el vicio de incongruencia era notorio y que no se superaba ni siquiera frente a la posibilidad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes. Este criterio fue luego ratificado en el fallo “Strangio, Domingo c. Cattorini Hnos. S.A.” del 12/05/09 (Fallos: 332:1078).
Esta precisión es congruente con la postura doctrinaria que, aún antes de “Mill de Pereyra”, sostenía que el control de oficio de constitucionalidad no podía hacerse cuando se trataba de derechos disponibles, citando al efecto los arts. 19 y 872 del C.C. (Bielsa, Rafael, “Derecho Constitucional”, Bs. As., Depalma, 1959, p.
717; Padilla, Miguel, “El orden público y las declaraciones de inconstitucionalidad”, L.L. 1984-C, 320). Recogiendo esta tesis, en un artículo de doctrina sostuve que para hacer compatible el fundamento de ese tipo de control (principio “iura novit curia” que debe comenzar por el vértice da la pirámide jurídica que es la Constitución Nacional) con el principio dispositivo, la declaración de inconstitucionalidad debía ser congruente con la petición de la parte a quien la misma favorecía. Es decir, podía una parte no pedir formalmente la declaración de inconstitucionalidad pero si atacaba la norma por injusta o argumentaba las razones por las cuales no debía ser aplicada, aquella era posible. En otras palabras, la declaración de inconstitucionalidad debía estar de alguna manera implícitamente comprendida o habilitada por la petición (“Control de oficio de constitucionalidad. Algunas precisiones sobre su procedencia”, E.D. 197-243).
Está claro, a mi juicio, que ello debe ser así cuando se trata de derechos patrimoniales porque no hay razón superior alguna que pueda llevar a un juez a obligar a alguien a cuestionar la validez de una norma que afecta ese tipo de derechos si lo consiente, máxime cuando el ordenamiento jurídico prescribe que son
esencialmente disponibles.
Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se sostiene que los afectados son otro tipo de derechos, como en el caso de autos?
Veamos cuáles son los que la jueza cita. En primer lugar el derecho a la igualdad (art. 16 C.N.). No brinda ningún fundamento para esta aseveración y en tal sentido no cumple la decisión con las exigencias señaladas para la declaración de inconstitucionalidad de oficio. En realidad no cumple con las exigencias que merece cualquier
declaración de inconstitucionalidad –de oficio o no-. Es que se trata de la “última ratio” del orden jurídico, y por lo tanto los jueces deben exponer con claridad los argumentos que los conducen a la conclusión de que una norma emanada por los representantes del pueblo (Poder Legislativo) es contraria a la Constitución. Haciendo un esfuerzo de imaginación no advierto por qué motivo una norma que establece que deben fijarse dos audiencias con una separación de dos meses para oír a las partes antes de decretar el divorcio podría ser violatoria del art. 16 de la C.N.. La norma rige para todos los habitantes del país por igual, no está dirigida a personas determinadas, no obliga a unos lo que se le dispensa a otros, no confiere privilegios a unos que no conceda a otros, no brinda un trato desigual a unos en detrimento de otros, no tiene ánimo persecutorio de nadie. En fin, no se da ninguna de las razones que la Corte Suprema ha tenido en cuenta a lo largo de su historia para estimar
violado el principio de igualdad (Fallos: 319:925; 320:52; 323:1566; 329:2986; 331:2169; 333:108; 335:1189, entre otros), ni tampoco se advierte vulneración alguna al principio de igualdad de trato y de oportunidades (art. 75 inc. 23), ni al principio de no discriminación (arts. 43, 75 inc 19 y normas cctes. de tratados internacionales).
Lo mismo ocurre con la libertad de asociación invocada por la sentenciante con cita del art. 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del art. 16 de la C.A.D.H.. Ningún argumento brinda la resolución apelada al respecto y francamente no advierto vinculación alguna con el art. 236 del C.C.. La libertad de
asociación implica el derecho de asociarse con fines útiles (art. 14 C.N.), y naturalmente se refiere a la posibilidad de integrar asociaciones civiles y comerciales con fines lícitos. Comprende el derecho a no asociarse o a desvincularse de una asociación pero sólo una interpretación desorbitante podría entender comprendido en este derecho al vínculo matrimonial, que por supuesto se rige por una normativa específica, muy distinta de la que regula aquellas relaciones.
Cita también la jueza –aunque no en la parte final de su resolución- la protección de la familia contemplada por el art. 14 bis de la C.N.. Nuevamente se trata de una afirmación al pasar, sin que se brinde explicación alguna, incumpliendo las exigencias de la declaración de inconstitucionalidad. Precisamente la “ratio legis” del art. 236 del C.C. es la protección de la familia. La norma tiene su origen en la introducción por la ley 17.711 del divorcio por mutuo consentimiento (art. 67 bis de la ley 2393). Se consideró en ese momento que su incorporación legal debía ir acompañada de previsiones para que no se convirtiera en un “mero trámite” sino que el juez debía oír en forma privada los motivos que llevaban a los cónyuges a divorciarse e instarlos a la reflexión por un lapso de dos meses. Obviamente se partió de la base de que la supervivencia del matrimonio era preferible antes que su ruptura, en aras del bien familiar (Borda, Guillermo, “La reforma de 1968 al Código Civil”, Ed. Perrot, Bs As, 1971, p. 426 y ss.). Más allá de lo acertado de esta suposición, lo cierto es que fue el fundamento de la norma de 1968 que el legislador de 1987 (ley 23.515), pese a las profundas innovaciones introducidas, decidió mantener a través de los arts. 215 y 236 del C.C. Por consiguiente, si se invoca el mismo derecho para argumentar en sentido contrario –o sea, a favor de la invalidez constitucional de la norma-, deben brindarse fuertes razones. Es decir, explicar concretamente por qué la fijación de dos audiencias para oír a las partes y el lapso intermedio de dos meses entre ambas sería contrario a la directiva constitucional de protección de la familia. Huelga decir que a simple vista no se advierte.
Queda, entonces, como único fundamento de la declaración de inconstitucionalidad apelada el principio de autonomía personal que emana del art. 19 1ra. parte de la C.N. y que engloba al derecho a la intimidad y al de respeto a la vida privada, que la resolución invoca.
Tal principio, como lo definió Thomas Cooley en el siglo XIX, implica el derecho a ser dejado a solas por el Estado; o sea, el derecho del individuo a ser dejado a solas, no por la religión, la moral o la filosofía, sino por el Estado para asegurar la determinación autónoma de su conciencia cuando toma las decisiones requeridas para la formulación de su plan de vida en todas las dimensiones fundamentales de ella, “plan que le compete personalísticamente y excluye la intromisión externa y más aún si es coactiva” (conforme voto del Dr. Petracchi en el fallo “Baztarrica” de 1086, Fallos: 308:1412; ver también: Nino, Carlos S., “Etica y derechos humanos”, Paidós, Bs. As., 1984, p. 135).
El principio de autonomía personal tiene todo tipo de aplicaciones. Desde el cuestionamiento a la imposición de sanciones (penales o administrativas) cuando se trata de conductas que no han ofendido al orden público, la moral pública o no han causado perjuicio a terceros, hasta la prohibición de brindar determinados tratamientos médicos sin consentimiento del paciente, pasando por el derecho a la muerte digna, la elección de la orientación sexual o de la identidad de género, etc., pero lo que por definición lo caracteriza es que es un derecho personalísimo, que sólo puede ser invocado por su titular. Es decir, es el individuo que siente afectada su autonomía personal por alguna razón quien debe decirlo y efectuar las peticiones pertinentes.
Si bien está comprendido en el principio de autonomía, el derecho a la intimidad tiene un alcance más específico: se refiere a la esfera de la persona que esta tiene derecho a que permanezca exenta del conocimiento de terceros (Nino, Carlos S., “Fundamentos de derecho constitucional”, Astrea, Bs. As., 1992, p. 327). Resguarda a la
persona de la intromisión de los demás y de ahí que el ordenamiento jurídico reconoce acciones a su titular para hacer cesar tal tipo de conductas (v.g. art. 1071 bis C.C.).
En el caso de autos, ambos peticionantes del divorcio no sólo no atacaron de inconstitucional el art. 236 del C.C. por vulnerar su autodeterminación personal ni por atentar contra su derecho a resguardar su intimidad, sino que expresamente pidieron que se fijaran las audiencias previstas por dicha norma y oportunamente se decretara el divorcio vincular (fs. 6 vta./7). Posteriormente, al conferírseles traslado del memorial del representante del Ministerio Público, no lo contestaron.
O sea, no defendieron la tesitura adoptada de oficio por la jueza.
Los peticionantes de autos no han manifestado, entonces, que sienten afectada su autonomía personal o su derecho a la intimidad por tener que explicar en audiencia privada a la jueza los motivos que los llevan a divorciarse. Tampoco se sienten afectados por el hecho de que la ley los obligue a esperar dos meses antes de que se celebre la segunda audiencia a fin de ratificar o no su decisión.
En estas condiciones que la juzgadora sustituya su voluntad declarando la inconstitucionalidad de la norma que regula el procedimiento –y además sin vista previa al Ministerio Público (pese a la ley 14.442)- implica una intromisión en sus ámbitos autónomos de decisión. Es paradógico, pero es precisamente lo que ocurre. El órgano judicial toma una decisión que les compete personal y exclusivamente a las partes como únicos interesados, y en situación tal se vulnera o distorsiona el art. 19 de la C.N..
Lo expuesto no implica –demás está decirlo– pronunciamiento acerca de la eventual inconstitucionalidad de la norma en cuestión si fuera expresamente planteado por parte interesada. Resta señalar que lo propuesto en el Proyecto de Código Civil y Comercial en tratamiento en el Congreso no cambia en nada lo aquí resuelto, dado que,
obviamente, si el trámite allí previsto para el divorcio por mutuo consentimiento se convirtiera en ley, no estaríamos hablando de declaración o no de oficio de la constitucionalidad de norma alguna.
Por lo expuesto, VOTO POR LA NEGATIVA.
El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Ibarlucía dijo:
De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestión anterior el pronunciamiento que corresponde dictar es revocatorio de la resolución apelada en cuanto declara la inconstitucionalidad del art. 236 del C.C.
ASI LO VOTO.
El señor juez D.Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
SENTENCIA
Y VISTOS:
CONSIDERANDO:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser revocada.
POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
REVOCAR la resolución apelada en cuanto declara la inconstitucionalidad del art. 236 del C.C.. REG. NOT. Y
Pasen en vista los autos al Ministerio Público.
CCCom Mercedes, Sala I, 04/02/2014, O. M. V. y G. J. M. s/ DIVORCIO (ARTICULO 215 CODIGO CIVIL).
Mercedes, 04 de febrero de 2014.
CUESTIONES
1° ¿Es justa la sentencia apelada?
2° ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
VOTACION
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez doctor Ibarlucía dijo:
I. La resolución de fs. 11/13, que declara la inconstitucionalidad del art. 236 del C.C., es apelada por el representante del Ministerio Público Fiscal, quien presenta memorial a fs. 21/24, el que no es contestado por las partes.
II. La sra. M. V. O. y el sr. J. M. G., con el patrocinio de sendos defensores oficiales, promueven demanda de divorcio vincular por presentación conjunta. Dicen que contrajeron matrimonio el 30/11/07, de cuya unión nacieron dos hijos, y que con el correr del tiempo surgieron desavenencias que hicieron imposible la vida en común, razón por la cual hace más de un año y medio que se encuentran separados de hecho. Solicitan que se fijen las audiencias previstas por el art. 236 del C.C., y que oportunamente se decrete el divorcio vincular.
III. La sra. Jueza de Familia en la primera providencia, sin previa vista al Ministerio Público, de oficio aborda la constitucionalidad del art. 236 del C.C., invocando al efecto el fallo de la C.S.J.N. en el caso “Mill de Pereyra, Rita A. y otros c. Provincia de Corrientes”.
Sostiene que la norma citada prevé que el juez debe convocar a las partes a dos audiencias, la primera de carácter conciliatorio y la segunda a fin de que los cónyuges manifiesten, personalmente o por apoderado, si han arribado a una conciliación, lo cual es cuestionable desde dos aspectos: el primero por tener las partes que exponer ante el juez los motivos que los conducen a peticionar el divorcio, cuestión reservada al ámbito de su vida privada, y el segundo, por el plazo de espera hasta la segunda audiencia obligándolos a reflexionar sobre una posible reconciliación, demorándose así una decisión que sólo compete a las partes.
Dice que el art. 19 de la C.N. contempla la libertad de intimidad que consiste en los aspectos personales y reservados a la existencia del hombre que, por estar marginados de la relación social, no pueden ser objeto de intromisión por parte del Estado o de los particulares sin su consentimiento. Desde ese concepto, expresa
que el sistema obligatorio de la doble audiencia y el plazo de espera violenta derechos de rango constitucional, como la libertad, la protección de la familia, el respeto a la vida privada, la autonomía de la voluntad y “los derechos del hombre y su alcance”.
Afirma que ha cambiado el escenario sociocultural desde la reforma del Código Civil de 1987 y que el rol del juez es interpretar en forma activa y sensible la ley y las necesidades sociales teniendo en cuenta la justicia en el caso concreto. Expresa que no hay un interés social u orden público que lleve a que el mismo decida
por intermedio del juez si son valederos los motivos que llevan a las partes a divorciarse y a obligarlos a un plazo de reflexión. Cita en tal sentido jurisprudencia que sustentara una decisión en tal sentido en los fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de 2012.
Concluye que el art. 236 del C.C. es irrazonable y contrario a los derechos constitucionales de igualdad, autonomía privada, intimidad, libertad, respeto a la vida privada y libertad de asociación, por lo que declara su inconstitucionalidad, “prescindiendo del sistema de audiencias reglamentado por esta norma”.
IV. Corrida vista al Agente Fiscal, este apela, presentándose el memorial donde se pide la revocación de la resolución.
Sostiene el representante del Ministerio Público que la jueza ha invadido facultades del Poder Legislativo Nacional, a quien le corresponde sancionar el Código Civil (art. 75 inc. 12 C.N.), por lo que por medio de lo resuelto se ha alterado la forma republicana de gobierno (art. 1 C.N.).
Expresa que las normas de derecho de familia son de orden público y que el art. 36 de la Constitución provincial establece que la familia es el núcleo primario y fundamental de la sociedad y que la provincia debe establecer políticas que procuren su fortalecimiento moral y material.
Dice que, si bien es cierto que la tendencia legislativa es a flexibilizar la norma motivo de análisis, hasta la actualidad no ha sido reformada y mantiene plena vigencia. No existe –afirma-, según la ley vigente, divorcio sin causa, y en el caso que nos ocupa debe haber “causas graves que hagan moralmente imposible la
vida en común”, las que el juez debe evaluar aún cuando no sean objeto de prueba. El derecho a la intimidad debe ceder ante el interés público que tutela el derecho de familia. No es violatorio de garantía constitucional alguna –agrega– el intento de conciliación y el período de reflexión que no tiene otra finalidad que evitar rupturas matrimoniales intempestivas. Con cita de doctrina y jurisprudencia expresa que, si las partes optaron por el procedimiento previsto por los arts. 215 y 236 del C.C., no pueden eludir ese trámite.
V. Lo primero que debe abordar esta Cámara es si es posible decretar de oficio la inconstitucionalidad de la norma en análisis por los fundamentos vertidos en la resolución apelada.
Invocó al efecto la jueza el fallo “Mill de Pereyra” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 27/09/01 (Fallos: 324:3219). Al respecto es de recordar que, si bien es cierto que el alto tribunal federal por medio de dicho fallo terminó por habilitar el control de oficio de constitucionalidad –tendencia que se había
insinuado previamente por medio de votos en disidencia y por la mayor parte de la doctrina-, lo hizo dejando constancia que era un remedio extremo al cual sólo debía recurrirse cuando se dieran excepcionales circunstancias, que puntillosamente detalló de la siguiente manera: a) cuando la violación de la Constitución sea de tal entidad que justifique la abrogación, en desmedro de la seguridad jurídica; b) siendo un acto de suma gravedad, sólo debe recurrirse a ese remedio cuando una estricta
necesidad lo requiera, en situaciones en las que la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta e indubitable y la incompatibilidad de la norma con la Constitución sea inconciliable; c) cuando no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa; d) no debe implicar una declaración de inconstitucionalidad en abstracto; es decir, fuera de una causa concreta, a efectos de resolver un conflicto contencioso en los términos del art. 2 de la ley 27; e) sólo será necesaria cuando se trate de remover un obstáculo –la norma inconstitucional– que se interponga entre la decisión de la causa y la aplicación directa a esta de la ley fundamental; o sea, debe ser el presupuesto para el progreso de otra pretensión; f) la decisión sólo tendrá efecto sólo en el caso concreto; es decir no tiene efecto derogatorio genérico (Considerando 10°).
Es de advertir que el fallo no fue unánime en sus fundamentos, toda vez que dos de los jueces que hicieron posible que se conformara la mayoría dejaron expresa constancia que era insoslayable que se hubiera respetado el derecho de defensa de las partes. Es decir, sólo cuando ambas partes hubieran tenido la oportunidad de ser oídas (en el caso, había sido posible al conferirse traslado del recurso extraordinario federal), podía procederse a declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma.
La factibilidad plena de este control recién fue reconocido por una mayoría clara de la Corte en el fallo “Banco Comercial de Finanzas S.A. s/ Quiebra “ del 19/08/04 (Fallos: 327:3117), pero el alto tribunal insistió en su carácter excepcional y no dejó de lado las exigencias expuestas en “Mill de Pereyra” arriba señaladas, como tampoco lo ha hecho en el más reciente fallo “Rodríguez Pereyra c. Ejército Argentino” del 27/11/2012 (Fallos: 335:2333), en el que expresamente incluyó en el mismo al control de convencionalidad.
Los distintos tribunales del país –en especial la S.C.B.A. (L. 80.156 del 31/03/04; L. 72.258 del 28/05/03; L. 79.387 del 17/05/06; L. 90.610 del 2/07/08; L. 99.991 del 31/08/11, L. 108.624 del 19/09/12, y otros)– siguieron estos lineamientos, pero quedó como interrogante la eventual discordancia entre el control de oficio de
constitucionalidad y el principio de congruencia que es medular en el procedimiento civil (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 272 C.P.C.).
La Corte Nacional puso al respecto las cosas en su quicio en el fallo “Gómez, Carlos A. c. Argencard S.A.” del 27/12/06 (Fallos: 329:5903), cuando revocó por arbitrariedad una sentencia de la Cámara Nacional en lo Comercial que había declarado la inconstitucionalidad de las normas de “pesificación” (art. 11 de la ley
25.561) sin que la parte interesada lo hubiera pedido. La Corte sostuvo que el vicio de incongruencia era notorio y que no se superaba ni siquiera frente a la posibilidad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes. Este criterio fue luego ratificado en el fallo “Strangio, Domingo c. Cattorini Hnos. S.A.” del 12/05/09 (Fallos: 332:1078).
Esta precisión es congruente con la postura doctrinaria que, aún antes de “Mill de Pereyra”, sostenía que el control de oficio de constitucionalidad no podía hacerse cuando se trataba de derechos disponibles, citando al efecto los arts. 19 y 872 del C.C. (Bielsa, Rafael, “Derecho Constitucional”, Bs. As., Depalma, 1959, p.
717; Padilla, Miguel, “El orden público y las declaraciones de inconstitucionalidad”, L.L. 1984-C, 320). Recogiendo esta tesis, en un artículo de doctrina sostuve que para hacer compatible el fundamento de ese tipo de control (principio “iura novit curia” que debe comenzar por el vértice da la pirámide jurídica que es la Constitución Nacional) con el principio dispositivo, la declaración de inconstitucionalidad debía ser congruente con la petición de la parte a quien la misma favorecía. Es decir, podía una parte no pedir formalmente la declaración de inconstitucionalidad pero si atacaba la norma por injusta o argumentaba las razones por las cuales no debía ser aplicada, aquella era posible. En otras palabras, la declaración de inconstitucionalidad debía estar de alguna manera implícitamente comprendida o habilitada por la petición (“Control de oficio de constitucionalidad. Algunas precisiones sobre su procedencia”, E.D. 197-243).
Está claro, a mi juicio, que ello debe ser así cuando se trata de derechos patrimoniales porque no hay razón superior alguna que pueda llevar a un juez a obligar a alguien a cuestionar la validez de una norma que afecta ese tipo de derechos si lo consiente, máxime cuando el ordenamiento jurídico prescribe que son
esencialmente disponibles.
Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se sostiene que los afectados son otro tipo de derechos, como en el caso de autos?
Veamos cuáles son los que la jueza cita. En primer lugar el derecho a la igualdad (art. 16 C.N.). No brinda ningún fundamento para esta aseveración y en tal sentido no cumple la decisión con las exigencias señaladas para la declaración de inconstitucionalidad de oficio. En realidad no cumple con las exigencias que merece cualquier
declaración de inconstitucionalidad –de oficio o no-. Es que se trata de la “última ratio” del orden jurídico, y por lo tanto los jueces deben exponer con claridad los argumentos que los conducen a la conclusión de que una norma emanada por los representantes del pueblo (Poder Legislativo) es contraria a la Constitución. Haciendo un esfuerzo de imaginación no advierto por qué motivo una norma que establece que deben fijarse dos audiencias con una separación de dos meses para oír a las partes antes de decretar el divorcio podría ser violatoria del art. 16 de la C.N.. La norma rige para todos los habitantes del país por igual, no está dirigida a personas determinadas, no obliga a unos lo que se le dispensa a otros, no confiere privilegios a unos que no conceda a otros, no brinda un trato desigual a unos en detrimento de otros, no tiene ánimo persecutorio de nadie. En fin, no se da ninguna de las razones que la Corte Suprema ha tenido en cuenta a lo largo de su historia para estimar
violado el principio de igualdad (Fallos: 319:925; 320:52; 323:1566; 329:2986; 331:2169; 333:108; 335:1189, entre otros), ni tampoco se advierte vulneración alguna al principio de igualdad de trato y de oportunidades (art. 75 inc. 23), ni al principio de no discriminación (arts. 43, 75 inc 19 y normas cctes. de tratados internacionales).
Lo mismo ocurre con la libertad de asociación invocada por la sentenciante con cita del art. 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del art. 16 de la C.A.D.H.. Ningún argumento brinda la resolución apelada al respecto y francamente no advierto vinculación alguna con el art. 236 del C.C.. La libertad de
asociación implica el derecho de asociarse con fines útiles (art. 14 C.N.), y naturalmente se refiere a la posibilidad de integrar asociaciones civiles y comerciales con fines lícitos. Comprende el derecho a no asociarse o a desvincularse de una asociación pero sólo una interpretación desorbitante podría entender comprendido en este derecho al vínculo matrimonial, que por supuesto se rige por una normativa específica, muy distinta de la que regula aquellas relaciones.
Cita también la jueza –aunque no en la parte final de su resolución- la protección de la familia contemplada por el art. 14 bis de la C.N.. Nuevamente se trata de una afirmación al pasar, sin que se brinde explicación alguna, incumpliendo las exigencias de la declaración de inconstitucionalidad. Precisamente la “ratio legis” del art. 236 del C.C. es la protección de la familia. La norma tiene su origen en la introducción por la ley 17.711 del divorcio por mutuo consentimiento (art. 67 bis de la ley 2393). Se consideró en ese momento que su incorporación legal debía ir acompañada de previsiones para que no se convirtiera en un “mero trámite” sino que el juez debía oír en forma privada los motivos que llevaban a los cónyuges a divorciarse e instarlos a la reflexión por un lapso de dos meses. Obviamente se partió de la base de que la supervivencia del matrimonio era preferible antes que su ruptura, en aras del bien familiar (Borda, Guillermo, “La reforma de 1968 al Código Civil”, Ed. Perrot, Bs As, 1971, p. 426 y ss.). Más allá de lo acertado de esta suposición, lo cierto es que fue el fundamento de la norma de 1968 que el legislador de 1987 (ley 23.515), pese a las profundas innovaciones introducidas, decidió mantener a través de los arts. 215 y 236 del C.C. Por consiguiente, si se invoca el mismo derecho para argumentar en sentido contrario –o sea, a favor de la invalidez constitucional de la norma-, deben brindarse fuertes razones. Es decir, explicar concretamente por qué la fijación de dos audiencias para oír a las partes y el lapso intermedio de dos meses entre ambas sería contrario a la directiva constitucional de protección de la familia. Huelga decir que a simple vista no se advierte.
Queda, entonces, como único fundamento de la declaración de inconstitucionalidad apelada el principio de autonomía personal que emana del art. 19 1ra. parte de la C.N. y que engloba al derecho a la intimidad y al de respeto a la vida privada, que la resolución invoca.
Tal principio, como lo definió Thomas Cooley en el siglo XIX, implica el derecho a ser dejado a solas por el Estado; o sea, el derecho del individuo a ser dejado a solas, no por la religión, la moral o la filosofía, sino por el Estado para asegurar la determinación autónoma de su conciencia cuando toma las decisiones requeridas para la formulación de su plan de vida en todas las dimensiones fundamentales de ella, “plan que le compete personalísticamente y excluye la intromisión externa y más aún si es coactiva” (conforme voto del Dr. Petracchi en el fallo “Baztarrica” de 1086, Fallos: 308:1412; ver también: Nino, Carlos S., “Etica y derechos humanos”, Paidós, Bs. As., 1984, p. 135).
El principio de autonomía personal tiene todo tipo de aplicaciones. Desde el cuestionamiento a la imposición de sanciones (penales o administrativas) cuando se trata de conductas que no han ofendido al orden público, la moral pública o no han causado perjuicio a terceros, hasta la prohibición de brindar determinados tratamientos médicos sin consentimiento del paciente, pasando por el derecho a la muerte digna, la elección de la orientación sexual o de la identidad de género, etc., pero lo que por definición lo caracteriza es que es un derecho personalísimo, que sólo puede ser invocado por su titular. Es decir, es el individuo que siente afectada su autonomía personal por alguna razón quien debe decirlo y efectuar las peticiones pertinentes.
Si bien está comprendido en el principio de autonomía, el derecho a la intimidad tiene un alcance más específico: se refiere a la esfera de la persona que esta tiene derecho a que permanezca exenta del conocimiento de terceros (Nino, Carlos S., “Fundamentos de derecho constitucional”, Astrea, Bs. As., 1992, p. 327). Resguarda a la
persona de la intromisión de los demás y de ahí que el ordenamiento jurídico reconoce acciones a su titular para hacer cesar tal tipo de conductas (v.g. art. 1071 bis C.C.).
En el caso de autos, ambos peticionantes del divorcio no sólo no atacaron de inconstitucional el art. 236 del C.C. por vulnerar su autodeterminación personal ni por atentar contra su derecho a resguardar su intimidad, sino que expresamente pidieron que se fijaran las audiencias previstas por dicha norma y oportunamente se decretara el divorcio vincular (fs. 6 vta./7). Posteriormente, al conferírseles traslado del memorial del representante del Ministerio Público, no lo contestaron.
O sea, no defendieron la tesitura adoptada de oficio por la jueza.
Los peticionantes de autos no han manifestado, entonces, que sienten afectada su autonomía personal o su derecho a la intimidad por tener que explicar en audiencia privada a la jueza los motivos que los llevan a divorciarse. Tampoco se sienten afectados por el hecho de que la ley los obligue a esperar dos meses antes de que se celebre la segunda audiencia a fin de ratificar o no su decisión.
En estas condiciones que la juzgadora sustituya su voluntad declarando la inconstitucionalidad de la norma que regula el procedimiento –y además sin vista previa al Ministerio Público (pese a la ley 14.442)- implica una intromisión en sus ámbitos autónomos de decisión. Es paradógico, pero es precisamente lo que ocurre. El órgano judicial toma una decisión que les compete personal y exclusivamente a las partes como únicos interesados, y en situación tal se vulnera o distorsiona el art. 19 de la C.N..
Lo expuesto no implica –demás está decirlo– pronunciamiento acerca de la eventual inconstitucionalidad de la norma en cuestión si fuera expresamente planteado por parte interesada. Resta señalar que lo propuesto en el Proyecto de Código Civil y Comercial en tratamiento en el Congreso no cambia en nada lo aquí resuelto, dado que,
obviamente, si el trámite allí previsto para el divorcio por mutuo consentimiento se convirtiera en ley, no estaríamos hablando de declaración o no de oficio de la constitucionalidad de norma alguna.
Por lo expuesto, VOTO POR LA NEGATIVA.
El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Ibarlucía dijo:
De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestión anterior el pronunciamiento que corresponde dictar es revocatorio de la resolución apelada en cuanto declara la inconstitucionalidad del art. 236 del C.C.
ASI LO VOTO.
El señor juez D.Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
SENTENCIA
Y VISTOS:
CONSIDERANDO:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser revocada.
POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
REVOCAR la resolución apelada en cuanto declara la inconstitucionalidad del art. 236 del C.C.. REG. NOT. Y
Pasen en vista los autos al Ministerio Público.
20/03/2014 - LA PLATA | Derecho Civil: Actualización en Derecho Inmobiliario.
FECHAS
JUEVES 20 y 27 de marzo, 10 y 24 de abril, 8, 15, 22 y 29 de mayo de 2014, de 14:30 a 17:00 horas.
LUGAR
Salón Auditorio del Instituto de Estudios Judiciales, Avenida 13 esquina 48, 1° piso, La Plata.
DISERTANTE
Sebastián E. SABENE
INFORMES E INSCRIPCION
www.scba.gov.ar/instituto
TEMARIO
20/03/2014 y 27/03/2014 - MODULO 1: COMPRAVENTA INMOBILIARIA Y ESCRITURACION.
1. Boleto de Compraventa. Naturaleza jurídica. Pacto comisorio. Cláusula penal. Seña. Reserva. La cuestión del asentimiento conyugal. Intervención de menores. Intervención de personas de existencia ideal. El objeto de contratación: venta “ad corpus”, venta “ad mensuram” y venta a tomar de un inmueble mayor. Cesión. Boletos con vocación registral. Designación del Notario. Derecho proyectado.
2. Posesión en virtud de Boleto de Compraventa. Teorías sobre su calificación. Doctrina y jurisprudencia. Publicidad posesoria y publicidad registral. El boleto frente al concurso o quiebra del vendedor. El boleto frente al acreedor embargante. El boleto frente a la escritura sin posesión.
3. Escrituración. La obligación de escriturar. Caracterización. La mora. Citación a escriturar. Culpa concurrente. La ejecución forzada: Juicio de escrituración. Legitimación activa. Legitimación pasiva. Medidas cautelares. Prueba. Sentencia. Ejecución. Notario designado como condición. Imposibilidad de que el notario designado autorice la escritura pública. La audiencia notarial. Intervención del juez. La cuestión del estudio de títulos. La ejecución de la sentencia en la venta de inmueble ganancial sin asentimiento conyugal. La ejecución de la sentencia en la venta del inmueble ocupado por terceros.
10/04/2014 y 24/04/2014 - MODULO 2: SUCESIONES. ASPECTOS REGISTRALES Y NOTARIALES.
1. Transmisión sucesoria. Conceptos generales. Adquisición. Aceptación y renuncia. Posesión hereditaria. Declaratoria de herederos y los efectos de su inscripción. El tracto abreviado sucesorio. Aspectos catastrales. Medidas cautelares en las acciones sucesorias.
2. Cesión de acciones y derechos hereditarios. Forma. Publicidad. Distintas teorías. Doctrina y jurisprudencia.
3. Indivisiones forzosas. Ley 14.394. Derecho real de habitación del cónyuge supérstite: naturaleza jurídica, publicidad registral, efectos.
4. Partición hereditaria. Formas y modos. Instrumentación del título. Relevancia de la función judicial. Inscripción registral. Particiones de uso. Catastro y partición de herencia.
5. Actos de disposición efectuados por heredero aparente. Abordaje analítico del artículo 3430 del Código Civil. Configuración de la buena fe en el tercero. La cuestión en el derecho proyectado.
6. Impacto del derecho sucesorio en la eficacia de las donaciones otorgadas por el causante. La colación y la reducción. Efectos reipersecutorios de la reducción. Su incidencia en el estudio de títulos.
7. Testamentos. Formas testamentarias. Funcionamiento del Registro de Testamentos de la Provincia de Buenos Aires.
08/05/2014 y 15/05/2014 - MODULO 3: TUTELA DE LA VIVIENDA FAMILIAR.
1. Fundamento constitucional de la tutela de la vivienda familiar. Constitución Nacional. Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Tratados Internacionales.
2. Tutela de la vivienda en la unión matrimonial.
A. Bien de Familia. Concepto. Constitución. Alcances. Desafectación. Subrogación real del bien de familia. Doctrina. Jurisprudencia. Derecho proyectado.
B. Asentimiento conyugal. Finalidad. Efectos. Consecuencias de su omisión. Facultades del Registro de la Propiedad Inmueble. Asentimiento anticipado. Poder para dar asentimiento. Derecho proyectado.
C. La vivienda en los procesos de separación y divorcio. Indivisiones. Su alcance. Derecho proyectado.
D. La vivienda en caso de fallecimiento de un cónyuge. Indivisiones contempladas en la Ley 14394. Derecho real de habitación del cónyuge supérstite. Derecho proyectado.
3. Tutela de la vivienda en la unión convivencial.
A. Bien de Familia. Doctrina y jurisprudencia. Derecho proyectado.
B) ¿Indivisión forzosa? Doctrina y jurisprudencia.
C) La cuestión en el derecho proyectado.
4. Inembargabilidad en la legislación bonaerense. Ámbito de aplicación. Efectos. Debate sobre su constitucionalidad.
22/05/2014 y 29/05/2014 - MODULO 4: PRESCRIPCION ADQUISITIVA Y REGULARIZACION DOMINIAL.
1. Consideraciones generales. Prescripción larga y prescripción breve. Recaudos de la posesión y del tiempo. Cómputo del plazo. Accesión de posesiones. Interversión del título. El elemento temporal. Interrupción. Suspensión. Sujetos de la prescripción. El objeto. Renuncia a la prescripción adquisitiva. Derecho proyectado.
2. Proceso de prescripción adquisitiva. La usucapión como acción, como excepción y como reconvención. Competencia. Relevancia del plano de mensura. Caso especial de la usucapión de unidades funcionales o complementarias. Legitimación activa. Legitimación pasiva. Medidas cautelares. Rebeldía. Prueba. Sentencia. Inscripción registral.
3. Ley de Regularización Dominial. Régimen jurídico. Efectos de la inscripción registral del Acta de Regularización Dominial. Leyes 24374 y 25797. La conformación del título al derecho real.
JUEVES 20 y 27 de marzo, 10 y 24 de abril, 8, 15, 22 y 29 de mayo de 2014, de 14:30 a 17:00 horas.
LUGAR
Salón Auditorio del Instituto de Estudios Judiciales, Avenida 13 esquina 48, 1° piso, La Plata.
DISERTANTE
Sebastián E. SABENE
INFORMES E INSCRIPCION
www.scba.gov.ar/instituto
TEMARIO
20/03/2014 y 27/03/2014 - MODULO 1: COMPRAVENTA INMOBILIARIA Y ESCRITURACION.
1. Boleto de Compraventa. Naturaleza jurídica. Pacto comisorio. Cláusula penal. Seña. Reserva. La cuestión del asentimiento conyugal. Intervención de menores. Intervención de personas de existencia ideal. El objeto de contratación: venta “ad corpus”, venta “ad mensuram” y venta a tomar de un inmueble mayor. Cesión. Boletos con vocación registral. Designación del Notario. Derecho proyectado.
2. Posesión en virtud de Boleto de Compraventa. Teorías sobre su calificación. Doctrina y jurisprudencia. Publicidad posesoria y publicidad registral. El boleto frente al concurso o quiebra del vendedor. El boleto frente al acreedor embargante. El boleto frente a la escritura sin posesión.
3. Escrituración. La obligación de escriturar. Caracterización. La mora. Citación a escriturar. Culpa concurrente. La ejecución forzada: Juicio de escrituración. Legitimación activa. Legitimación pasiva. Medidas cautelares. Prueba. Sentencia. Ejecución. Notario designado como condición. Imposibilidad de que el notario designado autorice la escritura pública. La audiencia notarial. Intervención del juez. La cuestión del estudio de títulos. La ejecución de la sentencia en la venta de inmueble ganancial sin asentimiento conyugal. La ejecución de la sentencia en la venta del inmueble ocupado por terceros.
10/04/2014 y 24/04/2014 - MODULO 2: SUCESIONES. ASPECTOS REGISTRALES Y NOTARIALES.
1. Transmisión sucesoria. Conceptos generales. Adquisición. Aceptación y renuncia. Posesión hereditaria. Declaratoria de herederos y los efectos de su inscripción. El tracto abreviado sucesorio. Aspectos catastrales. Medidas cautelares en las acciones sucesorias.
2. Cesión de acciones y derechos hereditarios. Forma. Publicidad. Distintas teorías. Doctrina y jurisprudencia.
3. Indivisiones forzosas. Ley 14.394. Derecho real de habitación del cónyuge supérstite: naturaleza jurídica, publicidad registral, efectos.
4. Partición hereditaria. Formas y modos. Instrumentación del título. Relevancia de la función judicial. Inscripción registral. Particiones de uso. Catastro y partición de herencia.
5. Actos de disposición efectuados por heredero aparente. Abordaje analítico del artículo 3430 del Código Civil. Configuración de la buena fe en el tercero. La cuestión en el derecho proyectado.
6. Impacto del derecho sucesorio en la eficacia de las donaciones otorgadas por el causante. La colación y la reducción. Efectos reipersecutorios de la reducción. Su incidencia en el estudio de títulos.
7. Testamentos. Formas testamentarias. Funcionamiento del Registro de Testamentos de la Provincia de Buenos Aires.
08/05/2014 y 15/05/2014 - MODULO 3: TUTELA DE LA VIVIENDA FAMILIAR.
1. Fundamento constitucional de la tutela de la vivienda familiar. Constitución Nacional. Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Tratados Internacionales.
2. Tutela de la vivienda en la unión matrimonial.
A. Bien de Familia. Concepto. Constitución. Alcances. Desafectación. Subrogación real del bien de familia. Doctrina. Jurisprudencia. Derecho proyectado.
B. Asentimiento conyugal. Finalidad. Efectos. Consecuencias de su omisión. Facultades del Registro de la Propiedad Inmueble. Asentimiento anticipado. Poder para dar asentimiento. Derecho proyectado.
C. La vivienda en los procesos de separación y divorcio. Indivisiones. Su alcance. Derecho proyectado.
D. La vivienda en caso de fallecimiento de un cónyuge. Indivisiones contempladas en la Ley 14394. Derecho real de habitación del cónyuge supérstite. Derecho proyectado.
3. Tutela de la vivienda en la unión convivencial.
A. Bien de Familia. Doctrina y jurisprudencia. Derecho proyectado.
B) ¿Indivisión forzosa? Doctrina y jurisprudencia.
C) La cuestión en el derecho proyectado.
4. Inembargabilidad en la legislación bonaerense. Ámbito de aplicación. Efectos. Debate sobre su constitucionalidad.
22/05/2014 y 29/05/2014 - MODULO 4: PRESCRIPCION ADQUISITIVA Y REGULARIZACION DOMINIAL.
1. Consideraciones generales. Prescripción larga y prescripción breve. Recaudos de la posesión y del tiempo. Cómputo del plazo. Accesión de posesiones. Interversión del título. El elemento temporal. Interrupción. Suspensión. Sujetos de la prescripción. El objeto. Renuncia a la prescripción adquisitiva. Derecho proyectado.
2. Proceso de prescripción adquisitiva. La usucapión como acción, como excepción y como reconvención. Competencia. Relevancia del plano de mensura. Caso especial de la usucapión de unidades funcionales o complementarias. Legitimación activa. Legitimación pasiva. Medidas cautelares. Rebeldía. Prueba. Sentencia. Inscripción registral.
3. Ley de Regularización Dominial. Régimen jurídico. Efectos de la inscripción registral del Acta de Regularización Dominial. Leyes 24374 y 25797. La conformación del título al derecho real.
20/03/2014 - ESQUEL | XI Jornadas Provinciales de la Magistratura y de la Función Judicial.
FECHA
20/03/2014 al 22/03/2014
LUGAR
Esquel - PROVINCIA DE CHUBUT
INFORMES E INSCRIPCION
mafuchubut@gmail.com - mbogado@juschubut.gov.ar
ARANCEL
- Asociados a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Chubut: inscripción gratuita.
- Abogados de Esquel: $ 150,00
- Abogados de otras jurisdicciones: $ 200,00
- Estudiantes: $ 50,00
ORGANIZADOR
- Asociación de Magistrados y Funcionarios de Chubut.
PROGRAMA
* JUEVES 20 DE MARZO DE 2014 - SALON AUDITORIO MUNICIPAL
13:00 horas - Acreditaciones.
15:30 horas - Acto inaugural. Apertura. Palabra a cargo de Víctor María VELEZ, Daniel A. REBAGLIATI RUSSELL y Omar O. LOPEZ. Reconocimiento a socio más antiguo de la AMFJCH.
16:00 horas - Conferencia a cargo Raúl Eugenio ZAFFARONI: El Anteproyecto de Reforma del Código Penal. Moderador: Alfredo PEREZ GALIMBERTI.
18:00 horas - COFFEE BREAK
18:30 horas - Debate abierto.
22:00 horas - Cena de bienvenida.
* VIERNES 21 DE MARZO DE 2014 - CENTRO CULTURAL MELIPAL
09:00 horas - Trabajo en talleres.
10:30 horas - COFFEE BREAK
11:00 horas - Trabajo en talleres.
16:00 horas - Trabajo en talleres.
18:00 horas - COFFEE BREAK
18:30 horas - Trabajo en talleres. Conclusiones.
* SABADO 22 DE MARZO DE 2014
09:00 horas - Continuación conclusiones.
12:00 horas - Finalización de las Jornadas.
20/03/2014 al 22/03/2014
LUGAR
Esquel - PROVINCIA DE CHUBUT
INFORMES E INSCRIPCION
mafuchubut@gmail.com - mbogado@juschubut.gov.ar
ARANCEL
- Asociados a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Chubut: inscripción gratuita.
- Abogados de Esquel: $ 150,00
- Abogados de otras jurisdicciones: $ 200,00
- Estudiantes: $ 50,00
ORGANIZADOR
- Asociación de Magistrados y Funcionarios de Chubut.
PROGRAMA
* JUEVES 20 DE MARZO DE 2014 - SALON AUDITORIO MUNICIPAL
13:00 horas - Acreditaciones.
15:30 horas - Acto inaugural. Apertura. Palabra a cargo de Víctor María VELEZ, Daniel A. REBAGLIATI RUSSELL y Omar O. LOPEZ. Reconocimiento a socio más antiguo de la AMFJCH.
16:00 horas - Conferencia a cargo Raúl Eugenio ZAFFARONI: El Anteproyecto de Reforma del Código Penal. Moderador: Alfredo PEREZ GALIMBERTI.
18:00 horas - COFFEE BREAK
18:30 horas - Debate abierto.
22:00 horas - Cena de bienvenida.
* VIERNES 21 DE MARZO DE 2014 - CENTRO CULTURAL MELIPAL
09:00 horas - Trabajo en talleres.
10:30 horas - COFFEE BREAK
11:00 horas - Trabajo en talleres.
16:00 horas - Trabajo en talleres.
18:00 horas - COFFEE BREAK
18:30 horas - Trabajo en talleres. Conclusiones.
* SABADO 22 DE MARZO DE 2014
09:00 horas - Continuación conclusiones.
12:00 horas - Finalización de las Jornadas.
21/03/2014 - LA PLATA | Herramientas para el desarrollo personal y profesional.
FECHA: VIERNES 21/03/2014 y 28/03/2014.
HORARIO: 14:00 a 17:000 horas.
LUGAR: Auditorio del Instituto de Estudios Judiciales, Avenida 13 esquina Calle 48, 1° piso, LA PLATA.
DOCENTE: Maria Soledad LOPEZ PROUMEN.
INFORMES E INSCRIPCION: www.scba.gov.ar/instituto
OBJETIVO GENERAL:
- Contribuir al desarrollo de habilidades sociales y de negociación, para expandir la capacidad de acción, favoreciendo la toma de conciencia de la importancia que tienen los modelos mentales en el resultado de sus acciones.
- Brindar herramientas para mejorar el resultado del vinculo interpersonal (jefe-empleado, entre compañeros, etcétera).
TEMARIO:
- La Negociación como una habilidad.
- Herramientas conversacionales.
- Aprendizaje, responsHabilidad.
- Modelos mentales. Rematrizacion.
- Distintos tipos de estrés.
HORARIO: 14:00 a 17:000 horas.
LUGAR: Auditorio del Instituto de Estudios Judiciales, Avenida 13 esquina Calle 48, 1° piso, LA PLATA.
DOCENTE: Maria Soledad LOPEZ PROUMEN.
INFORMES E INSCRIPCION: www.scba.gov.ar/instituto
OBJETIVO GENERAL:
- Contribuir al desarrollo de habilidades sociales y de negociación, para expandir la capacidad de acción, favoreciendo la toma de conciencia de la importancia que tienen los modelos mentales en el resultado de sus acciones.
- Brindar herramientas para mejorar el resultado del vinculo interpersonal (jefe-empleado, entre compañeros, etcétera).
TEMARIO:
- La Negociación como una habilidad.
- Herramientas conversacionales.
- Aprendizaje, responsHabilidad.
- Modelos mentales. Rematrizacion.
- Distintos tipos de estrés.
21/03/2014 - PEHUAJO | Instituciones y herramientas del Derecho del Consumo para la Justicia de paz Letrada.
FECHA
*VIERNES 21 de marzo de 2014 - 10:00 a 13:00 horas
LUGAR
*Cámara de Comercio, Industria y Producción de Pehuajo - Hipólito Yrigoyen N°635 - PEHUAJO
DISERTANTE
* Rodrigo Ezequiel BIONDA
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A LA JUSTICIA DE PAZ LETRADA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE TRENQUE LAUQUEN
OBJETIVOS
* Proporcionar una completa visión de las instituciones y herramientas de origen constitucional y legal que el Derecho del Consumo brinda a los operadores jurídicos que pretendan obtener una adecuada y eficiente gestión de los procesos en los que habitualmente interviene la Justicia de Paz Letrada de la Provincia de Buenos Aires.
* Lograr que los diferentes miembros del fuero adviertan como operan las mismas en la labor cotidiana de los órganos jurisdiccionales de cada una de las instancias de los diferentes departamentos judiciales y de la Suprema Corte de Justicia; siguiendo un criterio de actualización de neto corte pragmático que permita incrementar el caudal técnico de los asistentes y procure el desarrollo o mejoramiento de aptitudes teórico prácticas necesarias para el adecuado manejo de esta disciplina.
PROGRAMA
* Sociedad de consumo: Orígenes, antecedentes e implicancias. Visión antropológica de las distintas fases del actual consumidor: homo sapiens, homo economicus, homo videns y homo eligens. El mercado. Consumidores fallados: el consumidor sobreendeudado. Economía social de mercado. Instituciones y herramientas para la corrección de las fallas de mercado. Régimen legal y constitucional. Lógica de las instituciones tradicionales.
* El Derecho del Consumo en Argentina: Génesis constitucional. El art. 42 de la Constitución Nacional. Fundamentación en la Reforma Constituyente de 1994. Derechos consagrados. La protección del consumidor como principio general informador del ordenamiento jurídico. La Relación constitucional de consumo. La protección del consumidor en las Constituciones Provinciales.
* Ley de defensa del consumidor 24240: Orden Público. Implicancias. El concepto de consumidor. Teorías maximalistas y reduccionistas. La persona jurídica como consumidor. Los sujetos protegidos por la Ley 24240 y su reforma. Los consumidores "intra" relación de consumo; "extra" relación de consumo y "expuestos" a la relación de consumo. Sujetos pasivos de la Ley 24240. El proveedor profesional. Caracteres. La actuación ocasional. Su alcance. La relación de consumo legal. Análisis. Su relación con el texto constitucional. La integración normativa. Impacto.
* El in dubio pro consumidor: Principio general del Derecho. Pauta directriz. Implicancias.
* Sobreendeudamiento de usuarios y consumidores: El proceso judicial como causal de sobreendeudamiento. Peso del paso del tiempo en el proceso. Embargo:
rol psicológico, renuncia a la defensa. Prácticas judiciales objetables. Embargos reiterados e interminables. Escaso o nulo impulso de los juicios ejecutivos. Medidas a adoptar. Límites al costo financiero de los créditos. Deducción de cuotas mediante código de descuentos. Otorgamiento abusivo de créditos: internalización de las consecuencias.
* El juicio ejecutivo en el marco de una relación de consumo: Test de relación de consumo. ¿Presunción de una relación de consumo? Medidas a adoptar para su determinación.
* Intervención del Ministerio Público: Razones. Fundamentos legales. Funciones. Consecuencias de su omisión.
* Pauta de atribución de la competencia territorial: Prórroga de la competencia territorial. Declaración de incompetencia de oficio. Oportunidades y diferentes alternativas. Cuestiones de competencia. Visión jurisprudencial de las distintas instancias de diferentes jurisdicciones. Doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia y criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
* Los títulos ejecutivos desde la óptica del derecho del Consumo: Los créditos para el consumo. Regulación del artículo 36 de la ley 24.240. Requisitos. Consecuencias. Nulidad. Tasa de interés. Sanciones. Diferentes alternativas.
* Aptitud ejecutiva de los títulos de crédito para el consumo: Fraude a la ley. La indagación de la causa de la obligación. Ineficacia del proceso de conocimiento posterior. Desconocimiento de aptitud ejecutiva. Rechazo de la ejecución. Visión jurisprudencial de diferentes órganos de distintos departamentos judiciales y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
* Particularidades en materia de prueba: Carga de la prueba en procesos donde litigan usuarios y consumidores. Incumplimiento de la carga: consecuencias. Valor probatorio de la conducta de las partes en el proceso. Visión jurisprudencial y doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Postura del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
* Conclusiones.
*VIERNES 21 de marzo de 2014 - 10:00 a 13:00 horas
LUGAR
*Cámara de Comercio, Industria y Producción de Pehuajo - Hipólito Yrigoyen N°635 - PEHUAJO
DISERTANTE
* Rodrigo Ezequiel BIONDA
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A LA JUSTICIA DE PAZ LETRADA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE TRENQUE LAUQUEN
OBJETIVOS
* Proporcionar una completa visión de las instituciones y herramientas de origen constitucional y legal que el Derecho del Consumo brinda a los operadores jurídicos que pretendan obtener una adecuada y eficiente gestión de los procesos en los que habitualmente interviene la Justicia de Paz Letrada de la Provincia de Buenos Aires.
* Lograr que los diferentes miembros del fuero adviertan como operan las mismas en la labor cotidiana de los órganos jurisdiccionales de cada una de las instancias de los diferentes departamentos judiciales y de la Suprema Corte de Justicia; siguiendo un criterio de actualización de neto corte pragmático que permita incrementar el caudal técnico de los asistentes y procure el desarrollo o mejoramiento de aptitudes teórico prácticas necesarias para el adecuado manejo de esta disciplina.
PROGRAMA
* Sociedad de consumo: Orígenes, antecedentes e implicancias. Visión antropológica de las distintas fases del actual consumidor: homo sapiens, homo economicus, homo videns y homo eligens. El mercado. Consumidores fallados: el consumidor sobreendeudado. Economía social de mercado. Instituciones y herramientas para la corrección de las fallas de mercado. Régimen legal y constitucional. Lógica de las instituciones tradicionales.
* El Derecho del Consumo en Argentina: Génesis constitucional. El art. 42 de la Constitución Nacional. Fundamentación en la Reforma Constituyente de 1994. Derechos consagrados. La protección del consumidor como principio general informador del ordenamiento jurídico. La Relación constitucional de consumo. La protección del consumidor en las Constituciones Provinciales.
* Ley de defensa del consumidor 24240: Orden Público. Implicancias. El concepto de consumidor. Teorías maximalistas y reduccionistas. La persona jurídica como consumidor. Los sujetos protegidos por la Ley 24240 y su reforma. Los consumidores "intra" relación de consumo; "extra" relación de consumo y "expuestos" a la relación de consumo. Sujetos pasivos de la Ley 24240. El proveedor profesional. Caracteres. La actuación ocasional. Su alcance. La relación de consumo legal. Análisis. Su relación con el texto constitucional. La integración normativa. Impacto.
* El in dubio pro consumidor: Principio general del Derecho. Pauta directriz. Implicancias.
* Sobreendeudamiento de usuarios y consumidores: El proceso judicial como causal de sobreendeudamiento. Peso del paso del tiempo en el proceso. Embargo:
rol psicológico, renuncia a la defensa. Prácticas judiciales objetables. Embargos reiterados e interminables. Escaso o nulo impulso de los juicios ejecutivos. Medidas a adoptar. Límites al costo financiero de los créditos. Deducción de cuotas mediante código de descuentos. Otorgamiento abusivo de créditos: internalización de las consecuencias.
* El juicio ejecutivo en el marco de una relación de consumo: Test de relación de consumo. ¿Presunción de una relación de consumo? Medidas a adoptar para su determinación.
* Intervención del Ministerio Público: Razones. Fundamentos legales. Funciones. Consecuencias de su omisión.
* Pauta de atribución de la competencia territorial: Prórroga de la competencia territorial. Declaración de incompetencia de oficio. Oportunidades y diferentes alternativas. Cuestiones de competencia. Visión jurisprudencial de las distintas instancias de diferentes jurisdicciones. Doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia y criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
* Los títulos ejecutivos desde la óptica del derecho del Consumo: Los créditos para el consumo. Regulación del artículo 36 de la ley 24.240. Requisitos. Consecuencias. Nulidad. Tasa de interés. Sanciones. Diferentes alternativas.
* Aptitud ejecutiva de los títulos de crédito para el consumo: Fraude a la ley. La indagación de la causa de la obligación. Ineficacia del proceso de conocimiento posterior. Desconocimiento de aptitud ejecutiva. Rechazo de la ejecución. Visión jurisprudencial de diferentes órganos de distintos departamentos judiciales y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
* Particularidades en materia de prueba: Carga de la prueba en procesos donde litigan usuarios y consumidores. Incumplimiento de la carga: consecuencias. Valor probatorio de la conducta de las partes en el proceso. Visión jurisprudencial y doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. Postura del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
* Conclusiones.
27/03/2014 - SAN ISIDRO | Ajuste e intereses en los créditos reclamados judicialmente.
FECHA DEL EVENTO
- JUEVES 27 de marzo de 2014 - 14:00 horas
LUGAR
- Sala del Tribunal del Trabajo Nº1 - Ituzaingó N°340 (7° piso) - SAN ISIDRO
DISERTANTE
- Juan J. FORMARO
INFORMES E INSCRIPCION
- insesjud-si@jusbuenosaires.gov.ar
- www.scba.gov.ar/instituto
ORGANIZA
- Consejo Departamental del Instituto de Estudios Judiciales
- JUEVES 27 de marzo de 2014 - 14:00 horas
LUGAR
- Sala del Tribunal del Trabajo Nº1 - Ituzaingó N°340 (7° piso) - SAN ISIDRO
DISERTANTE
- Juan J. FORMARO
INFORMES E INSCRIPCION
- insesjud-si@jusbuenosaires.gov.ar
- www.scba.gov.ar/instituto
ORGANIZA
- Consejo Departamental del Instituto de Estudios Judiciales
LO MAS VISTO
- RECURSO DE QUEJA. Requisitos. Suficiencia. Copias obtenidas de la mesa de entradas virtual.
- COMPETENCIA. Determinación. Por razón de la materia. Contenciosoadministrativa. Corredores viales. Responsabilidad del Estado.
- DAÑOS Y PERJUICIOS. Responsabilidad del municipio. Prueba. Facilitación de un predio. Espectáculos deportivos. Responsabilidad del organizador. Fundamentos. Deporte riesgoso. Jineteada. Consentimiento de la víctima participante. Indemnización por incapacidad. Integridad psicofísica. Pérdida de chance. DAÑO PSIQUICO. Concepto. Prueba. DAÑO MORAL. Concepto. Indemnización. Prueba. Fijación del monto por el juez. Daño estético. PODER DE POLICIA. Alcance. PRUEBA DE CONFESION. Confesión ficta. Apreciación. PRUEBA. Carga. IURA NOVIT CURIA. Aplicación.
- PATRIA POTESTAD. Ejercicio. Modificación de la escolaridad. MENORES. Interés tutelado.
- RECURSO EXTRAORDINARIO POR SALTO DE INSTANCIA. Procedencia. Recurso interpuesto contra sentencia del tribunal superior de la causa. Improcedencia.